Dicha sentencia consideró abusivas tanto las sanciones contempladas en este impuesto como el hecho de que la norma que lo regula no establezca un plazo de prescripción y, en consecuencia, entendió que vulnera la libre circulación de capitales, por lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya indicó la intención del Ejecutivo de aprovechar alguna norma en tramitación parlamentaria en el Congreso o en el Senado para reformar el modelo antes del 31 de marzo, fecha en la que expira el plazo de presentación del modelo.

Así, en la exposición de motivos de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el Senado, se indica que el modelo actual incurre en incumplimiento de la normativa europea y, en consecuencia, “se hace necesario modificar dicho régimen jurídico para adecuarlo a la legalidad europea”.

En concreto, las enmiendas, a las que ha tenido acceso Servimedia, eliminan la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas, que el TJUE consideró como desproporcionada, de forma que la prescripción quedará establecida en cuatro años, siendo de cinco en el caso de los delitos fiscales y de diez años para los delitos fiscales agravados.

Además, en cumplimiento con la sentencia del TJUE, las enmiendas suavizan las sanciones, pasando a ser de 200 euros por no presentar el modelo y de 150 euros por hacerlo de forma inadecuada. Estas sanciones hasta ahora ascienden a un máximo de hasta el 150% de la cantidad no declarada, por lo que fue considerada como abusiva por el TJUE.

El modelo 720 sigue vigente pese a la sentencia del TJUE, tal y como recordó el mismo día de la sentencia María Jesús Montero, quien también recordó entonces que el modelo fue aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Anualmente son alrededor de 60.000 los contribuyentes que presentan este modelo de declaración de bienes y patrimonio en el extranjero, con un importe total declarado en términos brutos de 225.200 millones de euros desde su entrada en vigor, mientras que las sanciones interpuestas alcanzan un importe de unos 230 millones de euros que podrían quedar anulados o reducidos tras la sentencia del TJUE.