Aparicio, que compareció hoy en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, a instancias de senador de CiU Joaquim Vidal, comentó que "puede ser incomprensible para un ciudadano normal que aquellas personas que están incapacitadas para la realización de cualquier tipo de trabajo perciban finalmente importantes rentas salariales".

El responsable de la Seguridad Social admitió que en la actual legislación ay "existen imperfecciones o insuficiencias". Insistió en que "es sorprendente para muchos españoles que teniendo muchos ciudadanos la consideración de incapacitados totales absolutos o la gran invalidez, categorías todas ellas permanentes, sin embargo puedan producirse situaciones en las que simultáneamiente a la percepción de dichas prestaciones se esté trabajando y obteniendo rentas salariales, en algunos casos muy elevadas".

Aparicio recordó que en el Acuerdo Social alcanzando en octubre de 1996, ntre empresarios, sindicatos y el Gobierno, "ya se produjo una llamada a la necesidad de mejorar esta situación y de establecer nuevas reglas de compatibilidad en esta percepción".

A juicio de Aparicio, "lo adecuado es una correcta modulación que permita que no toda renta o pensión sea incompatible, sino que seamos capaces de entender cuáles son los niveles razonables de los parámetros de ambas unidades, tanto la salarial como la prestacional, para saber cuáles deben ser consideradas incompatibles". "Aun existiendo ya un importante nivel de acuerdo entre empresarios y sindicatos", prosiguió, "no se ha considerado oportuno establecer todavía una normativa sobre este tipo de disposiciones porque creemos que deben cuidarse al máximo los detalles para no incidir negativamente ni en las situaciones de carácter personal ni en las de carácter empresarial y organizativo que ya pueden existir".

Actualmente, la única limitación que se establece a las personas calificadas como incapaces, bien totales, abolutos o grandes inválidos, es que el trabajo por el que son remuneradas no altere la condición física por la que fueron declaradas incapaces. En España están censados alrededor de 50.000 personas con este tipo de discapacidad que perciben, al mismo tiempo, una renta salarial por trabajo.

RENTA ESPECIFICA

Por otra parte, en relación a otra cuestión planteada por CiU, Juan Carlos Aparicio informó que su departamento no tiene previsto crear una prestación específica para el colectivo de discapacitados en sustitución de la pensión no contributiva.

Aparicio explicó que la actual pensión no contributiva de invalidez, destinada y prevista para mayores de 18 años y menores de 65 que tengan una minusvalía o enfermedad crónica en grados iguales o superiores al 65 por ciento, "otorga una proteción integrada a estos beneficiarios, ya que a la protección económica se añade la asistencia médico-farmacéutica, el acceso a los servicios sociales y, en su caso, a las asignaciones familiares".

El responsabledel sistema público de la Seguridad Social subrayó la reciente decisión del Gobierno de incrementar para el próximo año la cuantía de las retribuciones contributivas y no contributivas. En particular, recordó que la pensión no contributiva para el supuesto de invalidez o de incapacidad se va a incrementar un seis por ciento, "cifra superior a la que en la práctica van a ser incrementadas la práctica totalidad de las prestaciones".

En el turno de réplica, el senador de CiU Joaquim Vidal manifestó su decontento con los planes previstos por el Gobierno en este sentido y dijo que, "para poder hacer una vida independiente, no es suficiente este incremento (de las pensiones), porque, como todos sabemos, estas personas dependen de otras personas y tienen unos gastos farmacéuticos y sociales distintos a otros".

Por último, Aparicio se refirió a las iniciativas del Gobierno sobre la habilitación de ayudas excepcionales o bonificaciones al colectivo de discapacitados del régimen de autónomos, que les permitn iniciar el trabajo a domicilio por medio de las nuevas tecnologías.

A esta cuestión, planteada asimismo por CiU, Aparicio contestó que, entre las medidas acordadas al respecto, recientemente el Gobierno estableció una subvención parcial en concepto de intereses de préstamo hasta un máximo de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad que concede el crédito y con un tope de 750 mil pesetas, así como una subvención de hasta 650 mil pesetas por inversión en capital fijo.

De igual modo, estacó que la ley sobre medidas fiscales de 1998 incluyó a los trabajadores minusválidos que se conviertan en autónomos en el ámbito de aplicación del abono de prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

Finalmente, indicó que, de acuerdo con la actual legislación, los discapacitados que realicen un trabajo por cuenta propia se pueden beneficiar, al igual que el resto de trabajadores autónomos, de las bonificaciones a la contratación que se pretende introducir en la ley de acompañamiento alos presupuestos generales del Estado del año 2000, y entre las que se contemplan bonificaciones específicas para la contratación de un primer trabajador por parte, a su vez, de los trabajadores autónomos.