Así lo anunció la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que puntualizó que el texto cuenta con un total de 172 recomendaciones, enmarcadas en 58 objetivos y organizadas en cinco grandes bloques, como son consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados; y ecosistemas.

Según la ministra, el informe, publicado el 6 de junio, proporciona una “visión social clave y distinta” sobre el modo de “acelerar” la lucha contra la crisis climática, que responde al mandato de la asamblea de elaborar propuestas para lograr una España “más segura y justa ante el cambio climático”.

Ribera recordó que la asamblea tiene su origen en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España de enero de 2020, que incluía entre sus compromisos reforzar los mecanismos de participación y que se consagró en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y explicitó que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones en torno a buenas prácticas para procesos deliberativos elaboradas por la OCDE, como la responsabilidad, la representatividad, la inclusividad, la transparencia, la integridad y la privacidad.

A este respecto, la titular de Medio ambiente explicó que la asamblea se constituyó tras un proceso de selección de sus 100 integrantes como una muestra representativa de una “mini-España” sobre la base de criterios como edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural, entre otros.

SIETE MESES DE TRABAJO

En paralelo, hizo hincapié en que la asamblea trabajó durante más de siete meses, desde noviembre de 2021 hasta mayo de este año, en un ejercicio de deliberación y aprendizaje “pionero” en España que, según el Miteco, “ha abierto un nuevo camino para reforzar la participación pública y facilitar la adopción de políticas frente a la emergencia climática”.

“Ha supuesto una oportunidad para escuchar a la ciudadanía y entender dónde están sus preocupaciones y qué soluciones proponen o necesitan para avanzar en un cambio de hábitos, de modelos de producción y de consumo, que nos afecta a todos”, abundó.

Durante todo el proceso, los asambleístas contaron con el respaldo de un órgano de gobernanza compuesto por expertos independientes, un panel de coordinadores y facilitadores para “encauzar” las distintas fases de aprendizaje, conocimiento, reflexión, deliberación y preparación de recomendaciones, que entregaron el pasado 6 de junio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras advertir del “matiz probablemente innovador” de esta iniciativa con respecto al “modo en el que tradicionalmente hemos tutelado las cuestiones ambientales”, Ribera defendió que se trata de una “experiencia pionera, distinta”, cuyos participantes han “buscado el diagnóstico correcto y proporcionar ideas, recomendaciones que, dijo, "deben ser evaluadas y estudiadas por parte de los poderes públicos para poder intentar integrar aquello que es más eficaz de cara a la lucha contra el cambio climático”.

Junto a ello, hizo hincapié en la importancia de que en la Cámara Baja los ciudadanos, a través de sus “portavoces”, puedan “compartir sus conclusiones con el poder legislativo, abriendo un nuevo camino para reforzar cauces de participación pública, de participación ciudadana, más allá de los oficiales, los institucionales o los electorales”.