EL GOBIERNO RECHAZA LA AUTORREGULACION SINDICAL DE LA HUELGA EN LA ADMINISTRACION

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno rechazó hoy el esablecimiento de la autorregulación sindical de la huelga en la Administración, al reclamar los sindicatos la simultánea supresión de los decretos de servicios mínimos, según manifestó a Servimedia el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Santiago Nieves.

Esta y otras discrepancias surgidas en la negociación de la reforma de la Administración forzaron a los representantes gubernamentales a pedir un receso de diez días antes de continuar el diálogo.

Sindicatos y Administación tampoco se pusieron de acuerdo en el reparto de la subida salarial para los empleados públicos en 1992, que el Gobierno ha situado en una media del 6,86 por ciento, incluyendo el incremento retributivo del 5 por cien y los fondos adicionales de 23.000 millones.

El conflicto surgió a la hora de repartir los fondos adicionales, ya que la Administración quiere que la mitad se traduzca en una subida lineal igual para todos los empleados públicos y el resto premie la responsabilidad del cargo, entre tros conceptos.

Según Nieves, ese sistema de reparto se traduciría en un complemento específico anual de 60.000 pesetas para los funcionarios y de 20.000 para los empleados laborales, mientras que los sindicatos proponen que sea de 54.000 e igual para todos.

LOS HORARIOS

Otro punto de discrepancia es la propuesta de la Administración de que 27,5 horas a la semana se realicen obligatoriamente entre las nueve de la mañana y las dos y media de la tarde, mientras que las diez restantes podrían cumpirse de ocho a nueve de la mañana y de dos y media a siete de la tarde.

La idea del Gobierno es evitar los desajustes que se producen al no coincidir los horarios de trabajadores que realizan tareas complementarias. Los sindicatos objetan que la prolongación del horario fijo hasta las dos y media de la tarde puede crear problemas familiares relacionados, por ejemplo, con las guarderías de los niños.

La Administración tampoco aceptó que el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios supnga reconocer a los sindicatos la facultar de negociar la oferta de empleo público y los criterios para cubrir los puestos de trabajo.

Santiago Nieves explicó a esta agencia que la suspensión de las conversaciones no significa una ruptura de la negociación entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ELA-STV. Insistió en que el problema salarial se circunscribe casi exclusivamente a la manera de repartir los fondos adicionales, ya que en la cuantía las posiciones están muy próximas.

A su uicio, el aplazamiento de la negociación no debe dramatizarse, ya que sigue siendo posible plasmar los acuerdos a los que se llegue en los Presupuestos del Estado para 1992, introduciendo una enmienda durante su tramitación en el Senado.

(SERVIMEDIA)
25 Oct 1991
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