En ambos escritos afirma que ha quedado plenamente probado el hecho de que PCTV y ANV son "sucesores o continuadores" de Batasuna y que están incursos en las causas de ilegalización de la Ley de Partidos Políticos, según informó el Ministerio de Justicia.

PCTV

Sobre PCTV considera que "las pruebas acreditativas de la instrumentalización de este partido por ETA-Batasuna se han obtenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo del período 2005-2008, empezando toda la investigación que se realizó con la aparición de PCTV en las elecciones autonómicas de 2005, tras la ilegalización por el Tribunal Supremo de la agrupación electoral Aukera Guztiak".

Agrega que el grupo parlamentario PCTV ha actuado en el Parlamento de Vitoria como sucesor de los grupos parlamentarios de Batasuna, manteniendo sus mismas posturas y siendo controlado por miembros de Batasuna.

El abogado del Estado destaca como prueba de la relación con la formación ilegalizada que las sedes de PCTV han sido fijadas por dirigentes de Batasuna.

Además, señala que existe una caja común y una gestión de administración conjunta que integran los fondos y recursos económicos de PCTV, ANV y Batasuna, desde la cual se financia a Batasuna.

Agrega que se ha constatado que dicha caja se vació con el comienzo del proceso de ilegalización y que desde el PCTV se ha contratado a personas vinculadas a Batasuna.

ANV

En lo que se refiere a ANV, considera que "ha quedado acreditada la dirección de Batasuna en el proceso de presentación de candidaturas en las elecciones municipales forales en el año 2007, así como que se ha asumido en los ayuntamientos e instituciones forales en los que está presente ANV la totalidad de los postulados del entorno ETA-Batasuna, incluida la no condena de la violencia terrorista".

En concreto, añade, en los ayuntamientos de Hernani y Elorrio se han creado comisiones informativas de presos y represaliados y realizado declaraciones en línea directa con los postulados de ETA.

Por último, indica que se ha acreditado, igual que con el PCTV, que hay una caja única de financiación y control con PCTV y con Batasuna y que se ha contratado a personas vinculadas con Batasuna.

SENTENCIA EN SEPTIEMBRE

El pasado lunes 4 de agosto, la Fiscalía presentó sus alegaciones, en las que coincide con el Gobierno diciendo que queda probada la relación de PCTV y ANV con la ilegalizada Batasuna e insta al Tribunal Supremo a la ilegalización de ambos partidos.

El 18 de julio, el Tribunal Supremo acordó habilitar todos los sábados, domingos y festivos del mes de julio y todos los días del mes de agosto con el fin de resolver "cuanto antes" las demandas de ilegalización de ANV y PCTV.

La llamada Sala del 61, encargada de resolver las demandas, dio entonces un plazo de 20 días al Ministerio Fiscal y a la Abogacía General del Estado para que presentaran sus alegaciones finales.

Transcurrido este plazo, los partidos demandados tienen otros 20 días para formular alegaciones y el tribunal podrá decidir en los 20 días siguientes, lo que supone que a mediados de septiembre la Sala del 61 podría dictar sentencia sobre la ilegalización de ANV y de EHAK-PCTV.

La Sala del 61 está presidida por Francisco José Hernando, quien ostenta también la Presidencia del TS y del CGPJ, órgano que está en funciones desde hace más de un año y medio.

Si la renovación del CGPJ se produce antes de que se resuelvan las demandas de ilegalización, cambiaría la Presidencia del Tribunal Supremo y, por tanto, la composición de la Sala del 61, que debe pronunciarse sobre la demanda de ilegalización presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.