Arias Salgado señaló que dicho mandato ala Comisión pretende recoger la corriente existente en varios países europeos para que el sistema de tarificación de las compañías sea más transparente y permita a los usuarios disponer de una información claramente interpretable en el recibo del consumo que se realiza.

Agregó que se trata de un estudio complicado, pero que sería conveniente tener listo dicho cambio de tarificación antes del 1 de diciembre de 1998, fecha para la que está prevista la plena liberalización de las telecomunicaciones españlas, con el fin de que sea aplicable a todas las operadores que accedan a nuestro mercado.

Arias Salgado, que explicó a los medios de comunicación el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones aprobado en el Consejo de Ministros, declaró que dicha norma consagra la libre competencia para este sector que viene introduciendo su equipo, y aseguró que el fin último es asegurar a los ciudadanos un servicio básico de telecomunicaciones a un precio asequible.

RETEVISION PRIVADA, YA

Las tarifas ajarán, dijo Arias Salgado, como consecuencia de la progresiva introducción de competencia, cuyo primer paso significativo va a ser la entrada en operación de Retevisión bajo control privado.

El titular de Fomento dijo que la resolución del concurso de privatización ahora en marcha podría estar lista en la segunda quincena de este mes de junio. De cumplirse esta previsión, el Gobierno podría dar a conocer quién se queda con el control de Retevisión en las próximas dos semanas.

El paso siguiente, egún explicó el ministro tras la rueda de prensa, será la adjudicación de una tercera licencia de telefonía básica, para la que reflexionó en voz alta al afirmar que desea que esté ligada a un proyecto de inversión importante, y en este sentido adelantó que, aunque no hay ninguna decisión tomada, podría vincularse a un consorcio de operadores de cable.

En cualquier caso, el ministro explicó que la ley aprobada por el Gabinete pretende garantizar a todos los españoles el servicio telefónico y otros másante la introducción de competencia, y para ello define un servicio universal.

Dicho servicio, que en principio deberá prestar Telefónica pero que luego podrán ofrecer cualquier de las compañías que compitan con ella en España, debe asegurar a todos los ciudadanos el servicio de voz, fax, datos, guías telefónicas y cabinas públicas en un número suficiente y a precio asequible.

Su coste será financiado mediante un Fondo Nacional que se nutrirá de las aportaciones que hagan las operadoras que actúe en el mercado español, en función de su cuota de mercado, y dichos recursos serán establecidos y gestionados por la CMT.

Para fijar dicho precio, la Comisión pedirá a Telefónica, hasta ahora única prestadora de dicho servicio universal, que realice una contabilidad analítica de los costes en que incurre por su obligación de prestarlo, estudio que podrá ser sometido a auditoría por la CMT si considera que no ofrece sus datos con claridad.