Arenas hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse en la sede de su departamento con los alcaldes de Valencia, Rita Barberá; de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín; de Zaragoza, José Atarés; y de Málaga, Francisco de la Torre.

El proceso negociador se inició el pasado trimestre cuando el ministro ya se reunió con los alcaldes de Barceloa, Joan Clos, y de Madrid, José María Alvarez del Manzano, que reclamaron un trato especial para las dos urbes.

El proyecto de Ley de Grandes Ciudades está pendiente de un informe definitivo de la Comisión de Entes Locales del Senado, en la que han comparecido distintos expertos, responsables autonómicos y locales. Sus conclusiones serán remitidas después al Gobierno.

El Gobierno tiene intención de agilizar la aprobación en Consejo de Ministros de este proyecto, que podría quedar listo en el mes e febrero, para pasar a debate del Parlamento y entrar en vigor pasadas las elecciones municipales de mayo.

Arenas tiene previsto continuar con su ronda de contactos con alcaldes de grandes ciudades y con todos los grupos parlamentarios durante un plazo no superior a 20 días, de manera que el Consejo de Ministros pueda aprobar el texto en febrero, "con un acuerdo de mínimos".

En caso de no alcanzarse ese consenso básico, el Gobierno continuará dialogando con los partidos durante todo el trámite prlamentario de la norma. "Esta es una de esas leyes que estará abierta hasta el final", dijo Arenas.

El texto que maneja el Ejecutivo contempla, entre otras medidas, la existencia de un gobierno local, un pleno a modo de parlamento municipal, que las corporaciones de las grandes ciudades admitan iniciativas populares, que haya vigilantes de tráfico no armados y que parte del presupuesto municipal sea necesariamenta destinado a los distritos.

Todos los alcaldes recibidos hoy por Arenas se mostraro favorables a que la normativa sobre grandes ciudades no afecte sólo a Madrid y Barcelona, y defendieron que se extienda a otras ciudades de tamaño importante.

Arenas advirtió de que durante este proceso de debate ningún alcalde debe tener la tentación "negativa" de mezclar otros asuntos, como los relativos a la reforma de la ley electoral o a la financiación de los entes locales, que son debates que el PSOE quiere reactivar.

El ministro aseguró que en esta norma sobre grandes ciudades estará recgido el Estatuto de Capitalidad de Madrid y la Carta Municipal de Barcelona, procurando que en ningún caso supongan "agravios" entre ellas.

Queda pendiente de acuerdo determinar el número de habitantes a partir del cual una ciudad será considerada como grande y, en consecuencia, estará amparada por esta normativa. Por el momento, hay seis ciudades sobre las que no existen discusión (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga).