Tras la reunión del gabinete, el responsable de Industria, Claudio Aranzadi, señaló que la regulación sobre SGR vigente desde 1988 "era buena", pero el éxito de estas firmas financieras en los últimos años exigía una reforma del mercado.

En su opinión, estas sociedades deben servir para cubrir las dificultades que encuentran la pequeñas y medianas empresas en la financiación crediticia, y por eso se limita el acceso a este tipo de sociedades para las que verdaderamente lo necesitan.

La regulación propuesta por el Gobierno impone un capital mínimo de 300 millones de pesetas y al menos 150 socios por firma, con el fin de garantizar más la solvencia crediticia de estas sociedades.

Además, se les confiere el status de entidades financieras, por lo que pasarían a ser sometidas al régimen de control y vigilancia establecido ara el resto de intermediarios, como bancos y cajas.

Otros cambios que afectarán a estas sociedades es la supresión del Fondo de Garantía Recíproca que hasta ahora tenían las SGR para cubrir "desaguisados" y su sustitución por un Fondo de Provisiones Técnicas cuyas dotaciones disfrutarán de determinados beneficios fiscales.