El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, solicitó esta sesión extraordinaria en el Congreso a tenor de que el periodo oficial de plenos ya ha concluido. Pero el Ejecutivo quiere aprobar antes de final de mes varias modificaciones legales -tanto en Congreso como en Senado- y dejar saldada la convalidación del real decreto con las medidas ya en vigor.

Así las cosas, una vez acabe el Debate sobre el estado de la Nación demandado por el Gobierno y al que oficialmente la presidenta del Congreso debe todavía poner las fechas para su celebración -que serán 12, 13 y 14 de julio-, habrá un Pleno para tramitar por la vía más rápida la proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Es decir, se tomará en consideración y se tramitará de manera directa y en lectura única la decisión del Gobierno -presentada a través del Grupo Parlamentario Socialista- de modificar la reforma de la ley que se hizo hace un año de manera que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer los nombramientos de los dos miembros del Tribunal Constitucional que, junto a los dos que elige el Ejecutivo, forman parte del tercio que toca renovador ahora una vez acabó su mandado el pasado 12 de junio.

En este Pleno extraordinario, el Ejecutivo también confía en sacar adelante, incluso con mayoría absoluta, el proyecto de Ley de Memoria Democrática cuyo dictamen se aprobó este lunes en la Comisión Constitucional.

Estos dos asuntos, de aprobarse, se remitirán al Senado para que salden también lo antes posible el trámite. Fuentes parlamentarias apuntan a que la intención sobre la reforma del Poder Judicial -que va por la vía de urgencia- se apruebe justo a la semana siguiente la que transcurre entre el 19 y 22 de julio, y que se habilitará en la reunión de la Mesa del Senado de la próxima semana.

Por otra parte, el Gobierno someterá la convalidación del real decreto ley aprobado recientemente en Consejo de Ministros con “determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma”.