De hecho, fuentes del departamento dirigido por María Jesús Montero admitieron a Servimedia que el Ejecutivo ampliará la vigencia de este tributo que caduca el 31 de diciembre, a sabiendas de que PNV y Junts rechazarán su convalidación en el Congreso, cuando se someta a votación a finales de enero.

Por ello, según avanzan estas fuentes, se optará por una redacción que evite la evidente inseguridad jurídica de aprobar un impuesto y que decaiga unas semanas después.

La fórmula elegida sería jugar con los plazos, retrasando su entrada en vigor hasta después de la votación en el Congreso. Alrededor de un mes, hasta febrero.

De esta manera, en el improbable caso de que se convalidase el decreto, el impuesto se cobraría a las energéticas de forma retroactiva a 1 de enero.

Por el contrario, si se cumple lo previsto y lo tumba la mayoría de derechas del Congreso con PP, Vox, PNV y Junts, no llegaría a entrar en vigor.