Según los conservacionistas, "el primer paso en este sentido es la presentación del proyecto de construcción de una planta para quemar residuos industriales en Almadén (Ciudad Real)".

Greenpeace recuerda que el Plan de Residuos aprobado por el Ejecutivo en 1989 especifica que las plantas incineradoras deben situarse en las zonas cercanas a donde se producen los desechos.

"Sin embargo", agrega, "esta norma se incumple para evitar las previsibles protestas de los ciudadanos, adoptándose el criterio político de desplazar las plantas hacia zonas rurales".

Asimismo, la organización afirma que, según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ocupa el puesto número once en producción de residuos tóxicos en España.

Para el portavoz de Greenpeace, Juan López de Uralde, "promover la instalación de la primera incneradora del Plan de Residuos en Almadén supone abandonar los criterios técnicos de ubicación de este tipo de plantas, adoptando el criterio político de buscar zonas poco pobladas y con escasa capacidad de movilización".

También criticó al consejero de Política Territorial de esa comunidad, Gregorio Sanz, por expresar su opinión favorable a la construcción de la instalación.

"Al señor Sanz", declaró, "parecen preocuparle más los problemas que los empresarios catalanes o madrileños tienen para desacerse de la basura tóxica que producen, que el medio ambiente de su región y la salud de sus conciudadanos".

A su juicio, España, "en vez de exportar la basura a Africa, la envía a Almadén, pero la filosofía es la misma. Las regiones más despobladas del interior del país deberán ir haciendo sitio para los futuros proyectos de basureros industriales si no conseguimos parar esta barbarie".

Juan López de Uralde insistió en el daño que la incineradora puede causar a las localidades manchegas de Almaén, Alamillo y Almadenejos, que cuentan con una población total de, aproximadamente, 11.000 personas.