Zabalza dijo que la nueva regulación del delito fiscal se introducirá mediante una enmienda al proyecto de Ley de Código Penal y supondrá la elevación de la cantidad defraudada para considerar como delito una ocultación a Hacienda.

Actualmente, es delito fiscal defraudar una cuota de más de cinco millones de pesetas, lo que está castigado con prisión menor (de seis meses y un día a seis años) y una multa que pude llegar hasta el séxtuplo del importe ocultado, 30 millones como máximo.

Según la última memoria de la Administración Tributaria, correspondiente a 1991, ese año Hacienda tramitó 72 expedientes de delito fiscal con una cuota oculta de 3.051 millones de pesetas.

Zabalza explicó que también las sanciones administrativas contenidas en la Ley General Tributaria serán cambiadas, ya que "la regulación vigente presenta un excesivo rigor que la hace difícilmente aplicable en algunos supuestos".

Noobstante, el secretario de Estado de Hacienda confirmó que ni la Ley General Tributaria ni la del Impuesto de Sociedades serán aprobadas en la actual legislatura, por lo que no saldrían adelante en caso de derrota electoral del PSOE.

Añadió que en el proyecto de la Ley General Tributaria, Hacienda definirá más claramente los derechos del contribuyente, aunque no está previsto que autorice la actualización de los balances de las empresas.

Zabalza aseguró que, actualmente, "las vías de colocación dl dinero negro han desaparecido en su práctica totalidad", gracias a la regulación tributaria, las restricciones al uso de cheques al portador y los mayores requerimientos de información a las entidades financieros.

Por esa razón, hizo un nuevo llamamiento a quienes mantengan activos ocultos para que regularicen su situación presentando una declaración complementaria, aunque eso suponga un recargo del 50 por ciento.

Por lo que se refiere al proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades, Zabalza fue xplícito al asegurar que el tipo se mantendrá en el 35 por ciento actual, dada la importancia recaudatoria de este tributo, por el que Hacienda ingresó 1.255.000 millones de pesetas en 1992, el 10 por cien del total.

Según Zabalza, una reducción de un punto en el tipo del impuesto supondría una pérdida de 50.000 millones de pesetas. También descartó la introducción de un tipo más reducido para los beneficios no distribuidos, con el argumento de que "puede fomentar prácticas de distribución encubiertasde resultados".

HACIENDA, SATISFECHA DEL IAE

Por otra parte, Zabalza ofreció los resultados del nuevo sistema de estimación objetiva por módulos y dijo que ya se han sumado a él 763.751 contribuyentes y que sólo un 8,5 por cien de los pequeños empresarios a los que se les ha ofrecido este sistema han preferido renunciar a él.

Recalcó asimismo que el Gobierno está satisfecho con los resultados del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que los datos facilitados por los ayuntamientos muestrn "un indice de cumplimiento muy elevado".

A su juicio, la recaudación del impuesto ha sido muy buena en los ayuntamientos que han colaborado con Hacienda, entre los que citó al de Barcelona, y peor en los que han preferido hacer campaña contra él, entre los que mencionó al de Madrid.

Zabalza explicó también el plan estratégico que la Agencia Tributaria comenzará a aplicar a partir de 1993, que controlará separadamente a cuatro grandes grupos de contribuyentes.

El primero, las 10.000 mayoresempresas, que canalizan el 55 por ciento de la recaudación total del Impuesto de Sociedades, IVA y retenciones del IRPF. El segundo, los empresarios y profesionales a los que no sea aplicable el Régimen de Estimación Ojbetivo por modulos, aproximadamente 1 millón. El tercero, los empresarios sujetos a dicho régimen, que acabarán siendo unos 2 millones. El cuarto, los 9 millones de asalariados.

Zabalza se refirió asimismo a las negociaciones en marcha con las autonomías para establecer algún sistema decorresponsabilidad fiscal y explicó que es preciso avanzar más en las conversaciones "entre bambalinas" antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El secretario de Estado se mostró satisfecho por la evolución del déficit de las autonomías en 1992, que se situó en el 1,03 por ciento del PIB, sólo cinco centésimas por encimad el objetivo fijado en el Programa de Convergencia.