El criterio de reparto de los fondos que el Gobierno daba a las Comunidades se hacía en virtud de la población. Con esta medida recién aprobada, que según Jiménez, "no ha sido rechazada por ningún consejero del PP", se pretende premiar a las comunidades que mayor número de personas dependientes estén ya atendiendo, que tenga un mayor peso el número de evaluaciones realizadas a la hora de recibir los fondos.

Este cambio de criterio en el reparto fue calificado por la ministra como una medida de carácter "finalista" que pretende incrementar la eficacia y la rápida prestación del servicio a las personas ya evaluadas, porque no se trata de trabajar con "población estimada, sino con población concreta".

En España, según datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ya hay 628.614 personas que tienen derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia. De ellos, más de 430.000 han sido reconocidos como grandes dependientes y cerca de 200.000, como dependientes severos, a fecha de 1 de abril.

Asimismo, el Consejo Territorial de Dependencia ha dado luz verde a una partida del Gobierno de 283 millones de euros, que se destinarán a financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia. Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades que más dinero recibirán.

Jiménez también explicó que gracias al Plan E, el fondo extraordinario del Gobierno de 400 millones de euros, se crearán 50.000 plazas de atención que generarán 35.000 puestos de trabajo.

Por último, la titular de Sanidad y Política Social, que subrayó la importancia de agilizar y hacer más efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia, propuso a las Comunidades elaborar un catálogo de buenas prácticas en la implantación de la ley.