El primer paso será la sustitución de su actual consideración como Organismo Autónomo por la de Entidad Pública Empresarial, incluida en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). Dicho cambio será general para todos los organismos autónomos del Estado de carácter comercial.

La ley incluye en su disposición adicional decimotercera el compromiso de mantener el régimen de la actual plantilla como empleados públicos, de manera que tanto los cerca de 50000 funcionarios de Correos como sus 15.000 contratados laborales seguirán manteniendo su actual condición.

Los responsables de Correos consultados indicaron que tras la aprobación del proyecto de ley, se abre un periodo de seis meses para elaborar un nuevo Estatuto del ente postal, que permitirá desarrollar el incremento de autonomía en la gestión que persigue el Gobierno.

Las líneas generales en las que piensa Fomento para dicho Estatuto, aunque en los seis meses que faltan para su aprobación pede sufrir alteraciones, centran el refuerzo de autonomía de Correos en dos 'patas': la Gestión Financiera y los Recursos Humanos.

En el primer caso, se pretende dotar a la nueva entidad pública empresarial de un presupuesto comercial, como corresponde a un ente que tiende a dar servicios públicos en un mercado cada vez más liberalizado y competititvo, en lugar del presupuesto administrativo que ahora tiene.

Para lograr este objetivo, Correos establecerá un contrato-programa con el Estado, en el ue éste aportará una cantidad económica a cambio del servicio público postal que la entidad deberá garantizar a todos los ciudadanos.

En cuanto a los recursos humanos, el incremento de autonomía de Correos persigue obtener capacidad de decidir en aspectos como la fijación de los equipos directivos, e incluso un sistema de retribución del personal acorde con la gestión empresarial que se le pretende aportar, pero ciñéndose a lo que marque la norma de la función pública.