Según indicó Hacienda en un comunicado, este mecanismo “permitirá pagar de forma más ágil a los proveedores” y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, que es el máximo establecido por ley.

Este instrumento de financiación, iniciado el 17 de enero, viene regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y se ha materializado a través de una Resolución emitida el 7 de enero por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local (Sgfal), dependiente de Hacienda.

En concreto, para posibilitar a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce, la norma obliga a las administraciones afectadas a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio de 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago de dichas obligaciones.

El número de entidades locales afectadas por la medida es de 1.640, la mayoría ayuntamientos, y también se incluyen 670 entidades dependientes de las anteriores. De todas ellas, sólo tienen que acogerse a esta medida las que tengan facturas y obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de julio de 2021.

La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas por este procedimiento es que se traten de obligaciones generadas por obras, servicios o suministros pendientes de pago antes del 1 de julio de 2021, y aceptar este medio de pago, lo que podrán hacer en una plataforma informática habilitada por la Agencia Tributaria.

Las entidades locales afectadas deberán remitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Función Pública, hasta el próximo 11 de febrero, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de julio de 2021, a través de la plataforma informática habilitada por la Agencia Tributaria.

El plazo que tienen los proveedores para consultar y aceptar el cobro de las facturas a través de este procedimiento comenzará el 12 de febrero y finalizará el 25 de febrero de 2022, mientras que los interventores de las entidades locales deben comunicar la relación definitiva de facturas en la plataforma informática de la AEAT con la fecha límite del 11 de marzo.

Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con ventajosas condiciones financieras, que aseguren la viabilidad de la operación y que aprobará la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae).

Para ello, una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local debe elaborar un plan de ajuste, que deberá aprobarse antes del 22 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que realizará una valoración y comunicará las modificaciones pertinentes antes del 21 de abril.

Las cantidades abonadas por el Fondo de Financiación a entidades locales serán devueltas mediante retención de su participación en los tributos del Estado.