Pisonero, que presentó las líneas maestras de su departamento para los próximos meses, dijo que el conflicto sobre el cobro de comisiones obliga a ambas partes, entidades financieras y comercios, a hacer un esfuerzo.

La responsable de Comercio en el Ministero de Economía explicó que esta iniciativa se basa en los resultados de un informe que su departamento encargó al Banco de España, cuando las asociaciones de comerciantes hicieron públicas sus quejas al Gobierno por el supuesto cobro abusivo de comisiones.

Según dicho estudio, en España la media de las comisiones por tarjetas de crédito está en línea con la Unión Europea, en torno al 2,5%, pero el problema es que existe una dispersión muy grande, ya que mientras los grandes establecimientos tienen comiiones por medios de pago inferiores al 1%, en los pequeños comercios el coste puede dispararse hasta el 6% de la compra.

El motivo aducido, según Pisonero, es que la cadena entre la entidad bancaria y el pequeño comercio es más larga que en el caso de las grandes superficies, y cada eslabón de esa cadena penaliza un riesgo en la operación que hace encarecer la comisión final.

La secretaria de Estado explicó que lo primero que habrá que hacer es lograr una total transparencia en las comisiones sobe los medios de pago, analizando paso a paso el proceso de emisión y uso de una tarjeta, con el fin de detectar los aspectos que más penalizan al comercio y corregirlos.

En este sentido, la responsable de Comercio advirtió que la atomización de pequeños establecimientos en España juega en su contra, por lo que es previsible que deban acometer un proceso de asociación de intereses para reducir los costes de algunos servicios, como, por ejemplo, la instalación de puntos de cobro con tarjeta.

Según isonero, "no se puede buscar una solución drástica que consista en obligar a los bancos a bajar las comisiones, sino analizar los motivos que justifican esas comisiones y buscar la forma de reducirlas al mayor número posible de establecimientos".

Por otro lado, el Gobierno se ha propuesto recoger en un Código de Buena Conducta para el sector comercial un compromiso de todos los agentes de este sector para buscar soluciones a los problemas que no se logró resolver con la Ley de Comercio Interior, a caua de los desacuerdos entre ellos.

Según la secretaria de Estado, los principales problemas que siguen aquejando a este sector son los que más utilizan los grandes comercios como elemento de competitividad frente a los pequeños establecimientos: las ventas en pérdidas, los plazos de pago a proveedores y las rebajas o ventas promocionales.

Existe un plazo para que los agentes del sector presenten al ministerio una propuesta de dicho Código de Buena Conducta en estas materias, para poder negociar sore ella y sentar las bases de un acuerdo definitivo que permita revisar la ley sin temor a tener que modificarla al poco tiempo.

En dicho código, según Pisonero, no está previsto discutir acerca de la regulación de los horarios comerciales, ya que la ley fijó unos mínimos y el compromiso de llegar en el año 2001 bien a un acuerdo o bien a la plena libertad de horarios.