La Ley de 5 de junio de 2002 reguló las condiciones y la cuantía de la ayuda social, que se cifró en 18.030,36 euros. Esta cantidad se recibiría por una sola vez, es compatible con cualquier pensión pública percibida por el beneficiario, y está exenta de tributar en el IRPF.

El número de personas beneficiarias incluidas en el censo deinitivo aprobado el 21 de noviembre de 2000, es de 735. A este censo se prevé que se puedan incorporar unos 365 enfermos más, lo que haría un total de 1.100.

En el caso de fallecimiento del afectado, el real decreto establece que pueden percibir la ayuda los hijos menores y mayores incapacitados, el cónyuge o los padres de las personas fallecidas.

Para acceder a esta ayuda se exige renunciar a todo tipo de reclamación contra cualquiera de las Administraciones públicas sanitarias y centros sanitaros vinculados al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, no podrán acceder a la misma quienes hubieran obtenido sentencia condenatoria contra cualquiera de las Administraciones públicas sanitarias por contagio del virus de la hepatitis C.

Las ayudas económicas se podrán solicitar en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta norma, o a partir de la inclusión en el censo definitivo de los beneficiarios que no figuren en el mismo.

La resolución sobre la concesión o no de las ayudas coresponde al Ministro de Sanidad y Consumo, al igual que el pago de las mismas que se concedan, previo informe y a propuesta de la Comisión de Evaluación que se crea también en este Real Decreto. La resolución se notificará al solicitante en el plazo de seis meses.

Hasta el año 1990 no se dispuso de los medios técnicos adecuados para prevenir la transmisión del virus de la hepatitis C, lo que supuso que un determinado número de personas afectadas por hemofilia o por otras coagulopatías congénitas resultron contagiadas y desarrollaran esta enfermedad, como consecuencia de los tratamientos recibidos en el sistema sanitario público.