El Ejecutivo pretende garantizar “la conectividad de los ciudadanos situados en el trazado de esta concesión, asumiendo el déficit de explotación necesario para ello”.

En este sentido, el Gobierno explica que la parte oriental de la provincia de Guadalajara, así como la de Teruel y el interior de Valencia cuentan con densidades de población que en muchas ocasiones no alcanzan los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de los 93 habitantes por kilómetro cuadrado de la media nacional. Del mismo modo, se observan en la zona “unas altas tasas de envejecimiento, bajas tasas de natalidad y mayor velocidad de despoblación que en otros territorios”.

Estos elementos justifican “un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas, con el objetivo de dotar a la zona de unos mejores equipamientos y servicios públicos que garanticen la conectividad, la cohesión territorial y el desarrollo rural, en el marco del Reto Demográfico”.

Por otro lado, esta concesión también se ha visto afectada “por la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, lo que ha supuesto una drástica reducción de la demanda”, acompañada de “cambios estructurales debido a cambios en los patrones de movilidad y una mayor difusión del teletrabajo y la teleformación”, indicaron.