El diputado del PSOE avanzó en los pasillos del Congreso la inminente presentación de esta propuesta al ser requerida su opinión sobre los últimos incidentes ocurridos con drogadictos y gitanos en distintos putos del país.

López Riaño declinó precisar en detalle el contenido de esta iniciativa y sólo adelantó que perseguirá "excluir del sistema jurídico-financiero español" todos los bienes que puedan proceder de la venta de bienes relacionados con el "lavado" de dinero proveniente de la droga.

El portavoz socialista aseguró que su grupo presentará esta iniciativa "con la mayor brevedad" y tratará de obtener el respaldo de las restantes fuerzas parlamentarias.

"Dando un golpe fuerte por este lado l narcotráfico, con la ley de Seguridad Ciudadana y otras iniciativas, conseguiremos efectos positivos", afirmó López Riaño.

En relación con los recientes ataques contra gitanos y drogadictos, señaló que "ninguna persona o grupo puede atribuirse la capacidad de dictar Justicia por sí mismo".

El diputado del PSOE hizo un llamamiento a la "solidaridad y serenidad" de toda la sociedad española, "porque se sabe cómo empiezan estos problemas, pero a veces producen efectos que no quiere nadie".

JUSTIIA POR LA MANO

El Gobierno y los portavoces de todas las fuerzas parlamentarias coincidieron hoy en condenar enérgicamente las acciones vecinales emprendidas en varias ciudades del país contra colectivos gitanos y presuntos drogadictos.

El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, comentó, en declaraciones a Radio Nacional, que el Estado y los poderes públicos tienen mecanismos suficientes para erradicar esta lacra.

"Si no los tenemos, estoy seguro que el Congreso y el enado darán a los poderes públicos aquellos instrumentos que les demandemos, porque los necesitamos. Todo menos aceptar que los ciudadanos o determinados colectivos se tomen la justicia por su mano, que es la negación del Estado de derecho", dijo el ministro.

El secretario general del Partido Popular, Francisco Alvarez Cascos, manifestó en Barcelona que del conflicto generado en algunas ciudades españolas "no se puede extraer otra lectura política que la necesidad inmediata de acciones para garantizarque la calle no es un escándalo público".

Más contundente fue la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Loyola de Palacio, para quien "plantear estos problemas como un brote de racismo es intentar cambiar la realidad".

"De lo que se trata es que los ciudadanos están hartos de ver cómo los vendedores de droga circulan impunemente por las calles españolas. Lamentablemente, estos colectivos están supliendo la incapacidad del Gobierno de Felipe González de mantener alejados a los delincuentes y drogdictos", precisó.

De Palacio exigió al Ejecutivo que afronte con firmeza el problema de la droga y adopte medidas ineludibles para ello, como la sanción penal del consumo público de drogas, un enfoque distinto de la multirreincidencia y una política de orden público decidida contra el delincuente.

TITERE CON CABEZA

El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, en declaraciones a la Cadena Cope, condenó "la postura de tomarse la Justicia por la mano", pero dijo que con ello no se vala raíz del problema.

Las soluciones, a su juicio, radican en una mayor presencia policial en las calles y en "entrar a saco" en las cuentas del dinero "negro".

"Si es preciso", agregó el líder de IU, "hay que formar un cuerpo especial de inspectores de hierro, de severidad suma, y que no quede títere con cabeza".

El portavoz del Centro Democrático Social (CDS), Carlos Revilla, calificó de "extemporáneo" el rechazo del colectivo gitano que se vive en varias ciudades y agregó que si esta minría comete algún delito, debe ser castigada como el resto de españoles. Recordó que el número de payos que trafica con drogas es muy superior al de gitanos.

Por su parte, Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía, dijo que "la violencia nunca es admisible", aunque sostuvo que estas acciones vecinales tienen un lado positivo: que "hay reacciones contra la droga".

"En cuanto a la forma de la reacción, no puedo admitir otros caminos que los legales: la actuación a través de os órganos del Estado", declaró Rius a RNE.