En concreto, el nuevo texto legal, que amplía la Ley de Navegación Aérea de 1960, incide en aspectos de las actividades aeronáuticas que están más directamente vinculados con el orden y la seguridad del tránsito y del transporte aéreos.

El anteproyecto establece que el Ministerio de Fomento queda configurado como autoridad aeronáutica civil, responsable, por tanto, de la ordenación, supervisión y control de todo aquello que afecte a la aviación cvil.

Asimismo, se crea un Consejo Asesor de Aviación Civil, en la que participa el sector privado y usuarios del transporte aéreo para la formulación de la política de seguridad.

Además, se atribuye a la Dirección General de Aviación Civil la facultad de adoptar, mediante un procedimiento sumario, medidas extraordinarias que pueden llegar a la inmovilización de una aeronave o la suspensión temporal de títulos, licencias o actividades reguladas, cuando se hayan constatado irregularidades que impliuen riesgos ciertos, graves e inmediatos para la seguridad aérea.

Por otra parte, el anteproyecto enumera las obligaciones a las que están sujetas todas las personas y organizaciones que realizan actividades que puedan afectar a la seguridad aérea.

Entre esas obligaciones, la nueva norma destaca que "todos los actores del transporte aéreo deben asegurar la continuidad en la prestación de los servicios aeronáuticos que tengan la condición de esenciales, que el personal aeronáutico debe cumplir consus responsabilidades en todo momento, con la diligencia y buena fe debidas, y que todas las compañías y empresas aéreas deben abstenerse de operar aeronaves que no cumplan los requisitos de aeronavegabilidad legalmente exigidos".

Asimismo, el nuevo texto legal se ha procedido a la actualización del régimen sancionador aplicable a la aviación civil.