La última oferta es una subida general del 5 por ciento y unos fondos adicionales de 23.000 millones de pesetas, lo que supone un incremento global del 6,94 por cien, casi dos puntos por encima de la previsión oficial de inflación para el 92.

No obstante, las posturas están más próximas en materia salarial, donde los sindicatos ven poible el acuerdo, que en la negociación de la reforma de la Administración, en la que el Gobierno considera "prácticamente agotadas" sus concesiones.

A este respecto, las fuentes consultadas señalaron que la negociación ha dado lugar a la introducción de 26 de las 39 enmiendas propuestas por los sindicatos y 3 de las 10 presentadas por la Administración.

De esas tres enmiendas, una pretende generalizar la identificación de los funcionarios con su nombre y apellido, que ahora está implantada en loshospitales, a todos los organismos que atienden al público.

Las otras dos hacen referencia al establecimiento de sistemas de evaluación del rendimiento en el trabajo y a la creación de una red de oficinas de atención permanente al público en un horario más amplio que el habitual en la función pública.

REGULAR LA HUELGA

La principal discrepancia ha surgido en la negociación de la autorregulación sindical de la huelga en la Administración, ya que el Gobierno no quiere comprometerse a derogar los ecretos de servicios mínimos antes de que esté perfilado el modelo de regulación.

Tampoco hay acuerdo pleno en el régimen de horarios. El Gobierno quiere que 27,5 de las 37 horas de jornada semanal se realicen obligatoriamente entre las nueve de la mañana y las dos y media de la tarde, mientras que las 9,5 restantes podrán cumplirse de ocho a nueve de la mañana y de dos y media a siete de la tarde.

Las fuentes consultadas advirtieron que el periodo de reflexión abierto ayer viernes por la Adminisración, a fin de retomar la negociación dentro de diez días, no significa que exista una predisposición del Gobierno a mejorar sus ofertas.

A su juicio, es sorprendente que no haya sido posible firmar ya el acuerdo cuando "a finales de setiembre estaba prácticamente cerrado". En caso de que finalmente hubiese pacto, se introduciría mediante una enmienda en los Presupuestos del Estado para 1992, durante su tramitación en el Senado.