Así lo reconoce el propio Ejecutivo en su respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la previsión económica para el desarrollo de esta ley, a la que tuvo acceso Servimedia.

En ella, el Gobierno explica que el pasado 15 de septiembre se celebró una reunión en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas a la que asistieron, además de los responsables de este departamento, los de Justicia, Interior,y Trabajo y Asuntos Sociales, así como representantes de las Consejerías competentes de cada comunidad y ciudad autónoma.

En esa reunión se analizaron los problemas que supondrá para cada comunidad autónoma la ejecución de las medidas judiciales que se adopten en virtud de esa ley, y se tomaron varios acuerdos.

Se decidió, por ejemplo, crear un Grupo de Trabajo para evaluar las necesidades económicas de cada comunidad y elevar las conclusiones al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que sa este organismo el que proponga las medidas a adoptar.

"Estos acuerdos fueron adoptados en el entendimiento de que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para ejecutarlos a través de sus servicios, toda vez que las transferencias en materia de protección de menores se llevaron a cabo hace años", explica el Gobierno.

"Por tanto", concluye, "aún no está determinado el montante que el Gobierno transferirá a cada una de las comunidades autónomas para afrontar las nuevas responsailidades que la Ley Orgánica 5/2000 les atribuye en la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes".