Belloch insistió en que tanto él como el presidente del Gobierno, Felipe González, y el resto de los miembros del Ejecutivo que negociaron con Santaella actuaron en todo momento con arreglo a la legalidad y con la única intención de recuperar o neutralizar la información que había sido sustraída del Cesid y que estaba siendo difundida a través de los medios de comunicación.

González siguió atentamente desde su escaño l intervención del ministro de Justicia e Interior, quién reconoció que el Gobierno aún no ha logrado recuperar la documentación robada a los servicios de espionaje que, en su opinión, afecta directamente a la seguridad del Estado y al funcionamiento del centro.

En su intervención, el ministro dijo que Santaella se reunió con él en varias ocasiones para expresarle su opinión sobre la marcha del proceso judicial contra Conde y sus quejas sobre la designación del juez García Castellón para instruir el cao.

Posteriormente, el 23 de junio se produjo la reunión del abogado con González en la sede de Presidencia "a sabiendas de que se conocería y asumiendo las consecuencias de esta reunión".

Tras este encuentro, en que no se produjo petición concreta alguna sino una exposición de impresiones por parte del abogado y una exigencia del presidente de que se devolvieran los documentos sustraídos y de que cesara su difusión, así como la petición de que se respetara la legalidad vigente.

EXPLORAR TODAS LS VIAS

Según indicó Belloch, "el Gobierno está obligado a explorar todas las vías necesarias para recuperar una información sensible que afecta a la seguridad de todos los ciudadanos y, por tanto, del Estado", razón por la cual el presidente recibió al abogado.

Concluida esa entrevista sin resultados positivos, se produjeron nuevos contactos de Santaellas, esta vez con el director del Gabinete de Presidencia con quién la última reunión se produjo el pasado 1 de septiembre, cuando Santaella hizo pticiones económicas concretas que beneficiaran a su defendido, Mario Conde. En ese momento, el Ejecutivo se convenció de que no iba a recuperar los documentos por esta vía y constató la "presión intolerable" a la que el abogado pretendía someter al Gobierno.

En este sentido, Belloch aseguró que no se puede hablar de "chantaje en términos jurídico-penales" aunque señaló la coincidencia de que tras el fracaso de cada reunión se publicaban "informaciones desestabilizadoras y frecuentemente manipuladas enla prensa".

DEPURAR RESPONSABILIDADES

En estos momentos el Ejecutivo está investigando los canales por los que los documentos secretos se han filtrado a la prensa y a las personas que presuntamente han intervenido en la sustracción y difusión de la documentación con el fin de reunir pruebas que permitan depurar responsabilidades penales.

Asimismo, se han adoptado medidas de contraseguridad para reducir al máximo los riesgos para el Estado, al tiempo que el Ejecutivo trata de neutralizar la posile difusión de estos papeles.

El ministro pidió a los grupos de la oposición que abordaran este asunto con "sentido de Estado, porque el tráfico de información sensible conseguida ilegalmente no puede ser munición para el enfrentamiento político al menos mientras subsista un ápice de responsabilidad en quienes intervienen en la vida pública".

En su opinión, lo ocurrido tras la sustracción de material secreto del Cesid "no es un problema de este Gobierno sino de cualquier Gobierno. No entenderlo, ólo demuestar ceguera política y oportunismo y es una prueba de irresponsabilidad porque admitir que los intereses particulares pueden prevalecer sobre el interés general es el primer paso para dañar el edificio de las instituciones".

"Si hoy es un partido y un Gobierno el que se enfrenta a esta situación mañana será otro" por lo que el ministro reclamó responsabilidad en los grupos de la oposición para evitar un golpe, "quizá irreversible, al sistema institucional".

Belloch explicó que la actuacón del Gobierno en este caso se ajusta a su compromiso de luchar contra la corrupción, que adoptó a sabiendas de que "desencadenaría movimientos desestabilizadores sólo por el afán obsesivo de descalificar al Ejecutivo por quienes se sitúan a sí mismos fuera del sistema por la soberbia que les proporciona el poder, el dinero o la información".