La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el contenido de la conversación entre Huarte y Benesmail no se puede entregar a la comisión de investigación porque "afecta al derecho a la intimidad" del preso islamista.

Fernández de la Vega aseguró que dicha conversación se produjo "en el ámbito de instituciones penitenciarias", por lo que la comisión tendría que dirigirse al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente si quiere tener acceso a lo hablado entre Benesmail y Huarte.

Asimismo, la vicepresidenta manifestó que los otros cinco documentos que la comisión de investigación ha reclamado al Ejecutivo tampoco pueden ser entregados a la Cámara Baja. Según dijo, dos de las seis peticiones son "reiteraciones de otras que ya fueron en su momento entregadas en comisión" y que, por lo tanto, "ya son conocidas" por los parlamentarios que estudian los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004.

Añadió que otras dos de las solicitudes de información que la comisión parlamentaria de investigación ha trasladado a La Moncloa "no pueden ser entregadas porque el Gobierno no dispone de ninguno de los datos solicitados".

Asimismo, señaló que el sexto documento reclamado desde el Congreso afecta directamente "a diligencias que se están tramitando en el Juzgado de la Audiencia Nacional", por lo que la comisión tendría que dirigirse al juez Juan del Olmo para acceder al contenido del mismo.

Ante la posibilidad de que la comisión del 11-M esté solicitando al Gobierno información reiterada como estrategia de oposición, Fernández de la Vega evitó hacer comentarios y se limitó a expresar su "respeto absoluto" a los trabajos que se hacen en el Parlamento.

No obstante, resaltó que el Gobierno ha contestado a lo largo de los diez meses que lleva en funcionamiento la comisión de investigación un total de 287 peticiones de documentos.