El propósito de la Administracion es solamente cambiar los Reglamentos de aquellos Colegios Profesionales que vulneran la legislación de defensa de la competencia, al imponer el cobro de unas tarifas mínimas a todos sus abondos o aceptar la doble colegiación.

Las fuentes consultadas confirmaron que Carlos Solchaga mantuvo una reunión el pasado miércoles con el presidente de la Unión Profesional, Antonio Pedrol Rius, a quien dio garantías de que el Gobierno "no cuestiona la existencia de los colegios profesionales ni la colegiación obligatoria".

El ministro explicó que la intención del Gobierno es que la Dirección General de Defensa de la Competencia estudio caso a caso los Reglamentos de los Colegios Profesionales, ara verificar que no contienen normas contrarias a la competencia.

Solchaga dio también garantías de que no piensa "cargarse" la Ley de Colegios Profesionales, de 1974, aunque es el artículo quinto de esta normativa la que autoriza a dichos organismos a fijar tarifas mínimas entre sus asociados, según ha reconocido en varias sentencias el Tribunal de Defensa de la Competencia.

LA GUERRA DE LAS TARIFAS

En virtud de dicha ley, este tribunal ha rechazado varias denuncias planteadas por la patronaldel sector de seguros, Unespa, y por la Unión de Consumidores de España (UCE) contra la fijación de honorarios mínimos.

Como ejemplo, en una sentencia dictada el 10 de octubre de 1990, el tribunal desestimó una denuncia interpuesta por Unespa contra la decisión del Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería de Barcelona de establecer unas tarifas de honorarios mínimos para su colectivo de matronas.

Otra, del día 16 del mismo mes, rechazó una denuncia del la UCE contra el Colegio Oficial de Médics de Sevilla por fijar unos honorarios profesionales de 3.000 pesetas por acto médico.

Una de las últimas iniciativas a este respecto de la patronal Unespa ha sido denunciar al Colegio de Médicos de Barcelona, al que acusa de fijar tipos diferentes de honorarios mínimos prestados a entidades sanitarias, en función de que estas hubieran firmado o no un convenio con el colegio.

Para Unespa, mantener en vigor el artículo quinto de la Ley de Colegios Profesionales supone amparar una situación inconsttucional de abuso de derecho, además de un incumplimiento de las reglas del Tratado de Roma, que a su juicio no pueden ser vulneradas por una disposición de carácter nacional.

Por otra parte, la Unión Profesional, que agrupa a 31 colegios distintos, hizo público ayer un comunicado en el que recuerda que tiene detrás a 1.200.000 profesionales.

La Unión Profesional, que preside Antonio Pedrol Rius, expresó su satisfacción por el resultado de la entrevista con Carlos Solchaga y celebró "que estén abertos todos los caminos de la negociación por los que estará también siempre dispuesta a transitar".

"Estamos convencidos -señala el comunicado- de que los Colegios Profesionales prestan y deben seguir prestando a la sociedad el amparo insustituible de asegurar a nuestros conciudadanos el respeto a la deontología de los compañeros que constituye premisa indispensable para garantizar la efectividad y la dignidad en la prestación de los diferenes servicios profesionales".