La garantía infantil europea es una recomendación del Consejo Europeo aprobada el pasado 14 de junio por los Estados miembro de la UE y cuyo objetivo es prevenir y combatir la exclusión social de los niños mediante el acceso efectivo, independientemente del nivel de renta, a seis servicios esenciales para el desarrollo de la infancia.

Distingue tres servicios que han de ser gratuitos: educación y cuidados en la primera infancia, educación y actividades extraescolares, y al menos una comida saludable gratuita en la escuela. Además, otros tres servicios han de ser asequibles: nutrición saludable, servicios sanitarios y vivienda adecuada.

España es uno de los países de la UE con una mayor tasa de pobreza infantil. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión para menores de 18 años se encontraba en un 27,4% -frente a un 21% para el conjunto de la población- antes del estallido de la pandemia de la covid-19. Así, era el tercer país de la UE con mayor tasa, tras Rumanía y Bulgaria.

Según el Gobierno, ello se debe a la combinación de tres factores: unas relaciones laborales que generan exclusión, un mal reparto de la riqueza generada en el país y un sistema de protección social a la infancia y familia poco desarrollado.

Cumplir con las recomendaciones del Consejo incluidas en la Garantía Infantil permitiría reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Para ello, la Comisión Europea otorga a los Estados miembro una herramienta financiera (un 5% del Fondo Social Europeo Plus) y otra programática, ya que todos han de presentar a la Comisión un Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea (Paegie), que es el documento aprobado por el Consejo de Ministros.

SEIS EJES

El Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil es la hoja de ruta hasta 2030 donde se establecen objetivos y metas, medidas a implementar para lograrlos e indicadores para valorar el avance hacia esos objetivos. Se trata de un documento con compromisos concretos que España adquiere como país con su infancia y adolescencia más vulnerable, e involucra al conjunto de las administraciones.

El plan se estructura en tres ejes estratégicos, dos temáticos (lucha contra la pobreza infantil y refuerzo de la protección social de la infancia y la adolescencia, y universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos) y uno transversal (promoción de la equidad territorial y generación de entornos protectores, igualitarios, inclusivos y participativos). Cuentan con 20 objetivos, con indicadores y metas a 2025 y 2030, y para alcanzarlos se plantean un conjunto de 90 medidas que se concretarán en los planes operativos bienales.

Este plan fue elaborado con la participación de los ministerios competentes en la materia, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, las entidades locales y un extenso número de asociaciones del tercer sector, universidades, expertos y niños, niñas y adolescentes. “No pretende ser una memoria de las acciones de hoy, sino una planificación a 2030 con una visión muy clara: que ningún niño o niña quede atrás y rompa con el ciclo intergeneracional de la pobreza”, asegura el Gobierno.