EL GOBIERNO INICIA EL DESARROLLO DE UNA LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EL PRINCIPIO DE "QUIEN CONTAMINA PAGA"
- El Consejo de Ministros dio hoy la primera lectura a un anteproyecto que obliga a reparar los daños al medio ambiente
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España tendrá una ley de responsabilidad ambiental basada en la prevención y en el principio de "quien contamina paga". El Gobierno dio hoy el primer paso hacia esa nueva norma que obligará a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño.
El anteproyecto de ley inicia ahora su trámite parlamentario después de que el Ministerio de Medio Ambiente presentara hoy el texto en el Consejo de Ministros para su primera lectura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó la importancia de esta nueva norma. Con esta ley, aseveró, pagar por los daños al medio ambiente "ya no basta". "Ahora quien contamina paga y, además, limpia y repone".
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recalcó "la extraordinaria importancia" de esta ley por la obligación que incluye de prevenir los daños y de asegurar su reparación.
Según dijo, esta norma viene a cumplir el mandato constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado y a la obligación de reparar el daño medioambiental que se cometa. "Se trata de asumir ese principio de 'quien contamina paga' y de que se protejan los hábitats y las especies, el agua y el suelo".
La ley, que traspone la Directiva comunitaria europea sobre esta materia cuya entrada en vigor se producirá el 30 de abril de 2007, tendrá por objeto hacer efectivo el principio "quien contamina paga", con el fin de asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las actividades económicas sean reparados de manera efectiva y a costa de sus responsables.
El objetivo, según explicó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo en muchas ocasiones hasta la fecha.
Según recordó la ministra, sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos 7 años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos.
En las actuaciones relacionadas con el vertido de Aznalcóllar se invirtieron, adicionalmente, más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. La inversión prevista para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación de las aguas del embalse de Flix, a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de industrias electroquímicas, será de otros 155 millones de euros.
"PREVENCIÓN"
Junto a la reparación efectiva del daño, la normativa persigue reforzar el principio de "prevención" para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, obliga a los operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de prevención o evitación que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.
Destacó que el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos ambientales ha crecido de manera muy significativa a lo largo de los últimos años (alcanzando en 2003 la cifra de 2.000 millones de euros). Sin embargo, la tasa de accidentes industriales con consecuencias para el medio ambiente es susceptible de mejora, señaló.
La ley afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias.
ÁMBITOS DE REGULACIÓN
Los bienes protegidos por esta ley son bienes de naturaleza medioambiental, quedando expresamente excluidos de su ámbito los denominados daños tradicionales (aquellos que afectan a los particulares y a sus bienes).
Así, los recursos naturales protegidos por el nuevo régimen de responsabilidad son el agua, el suelo, los hábitats naturales protegidos, así como las especies silvestres protegidas.
Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales son aquellas ya reguladas por la legislación comunitaria y que, por su naturaleza, entrañan riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana.
Entre las más destacadas están las instalaciones cubiertas por la normativa de prevención y control integrado de la contaminación (conocida como Ley IPPC), las relativas a la gestión de todo tipo de residuos, las más importantes de las reguladas por la normativa de aguas (con vertidos de sustancias peligrosas incluidas), y las relativas a la producción, almacenado y transporte de sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios.
Asimismo, se incluyen el traslado transfronterizo de residuos peligrosos y el transporte de mercancías peligrosas. En todos estos supuestos, la responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra culpa o negligencia en el operador.
Las actividades económicas distintas de las anteriores también se verán afectadas por la ley en cuanto al deber de reparar, pero sólo cuando haya mediado culpa o negligencia. La obligación de prevenir y evitar daños medioambientales se generaliza al conjunto de operadores económicos y profesionales.
RESPONSABILIDAD "ILIMITADA"
Otro de los aspectos más novedosos de la ley es el carácter ilimitado de la responsabilidad medio ambiental. Como principio, la ley obliga a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño, con independencia de cuál sea la cuantía económica a la que ascienda dicha reparación.
Para garantizar la eficacia de la ley y asegurar que los operadores disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones legales, la ley les exige que cuenten con una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir.
La evaluación del daño potencial se efectuará mediante una metodología pionera en el ámbito de la Unión Europea, que actualmente está en fase de estudios técnicos y pruebas piloto, y se concretará a través de desarrollo reglamentario.
La garantía puede adoptar la forma de seguro, de aval bancario o de reserva técnica, y debe estar vigente durante el todo el tiempo que dure la actividad. Esta parte de la norma tendrá efectos a partir del 30 de abril de 2010 de forma gradual, con el fin de asegurar que el mercado se encuentre en situación de ofrecer tales garantías.
El anteproyecto inicia ahora su trámite y en los próximos días se remitirá al Consejo Económico y Social. Después irá al Consejo de Estado antes de remitirse al Parlamento.
(SERVIMEDIA)
20 Oct 2006
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