Esa novedad figura en un proyecto de ley que modifica el régimen del comercio de derechos de emisión y que fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

La norma incorpora a la legislación española algunas modificaciones del sistema de comercio de derechos de emisión -instaurado por la UE en 2005- recogidas en dos directivas y dos reglamentos adoptados el año pasado por las instituciones comunitarias, que pretenden rebajar de emisiones de gases de efecto invernadero imponiendo un precio al carbono emitido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apuntó que ese sistema “quizá ha sido una de las medidas más efectivas en la reducción de gases de efecto invernadero por parte de la Unión Europea”, que tiene como objetivo rebajar esas emisiones en un 55% de aquí a 2030 con respecto a 2005.

No obstante, la Tierra vivió en 2023 el año más caluroso jamás registrado y se calentó 1,48 grados más respecto a los niveles preindustriales, muy cerca del límite de 1,5 grados recogido en el Acuerdo de París para evitar los peores efectos del cambio climático.

NOVEDADES

Una de las novedades de la norma aprobada por el Consejo de Ministros es ampliar la aplicación del sistema de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo de pasajeros y mercancías.

Además, se reducirán de forma progresiva la asignación gratuita de derechos de emisión para determinados sectores industriales, que pasará de un 48,5% en 2030 a cero en 2034.

El sector aéreo también se verá afectado, de manera que verá reducirá paulatinamente la asignación gratuita de derechos de emisión hasta su total eliminación a partir de 2026.

Igualmente, la norma crea un mecanismo de apoyo a la producción y consumo de combustibles sostenibles de los aviones.

Por otro lado, el proyecto de ley adecúa las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y de generación eléctrica, lo que afecta a más de 900 instalaciones para que emitan un 62% menos en 2030 respecto a los niveles de 2005.

El texto incorpora diversas tecnologías limpias en la asignación gratuita de derechos de emisión para incentivarlas (por ejemplo, la producción de hidrógeno verde).

También se crea un régimen paralelo de comercio de derechos de emisión para los sectores del transporte por carretera y de edificación, que se aplicará a las empresas que venden combustibles fósiles, no a los ciudadanos. Comenzará este año y su aplicación efectiva entrará en vigor en 2027.

Por último, el proyecto de ley crea una nueva tasa de “ajuste en frontera por carbono” que gravará las emisiones de los productos procedentes de otros países que carezcan de un régimen de reducción de emisiones, con un funcionamiento progresivo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.