Aunque, evidentemente, han hecho mella esas palabras, el Ejecutivo considera mucho más importante ahora salvar la negociación con CiU y ERC sobre el aeropuerto de El Prat que enzarzarse en una polémica que sólo conduciría a abrir nuevos frentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado muestras de esa decisión no respondiendo a los calificativos de "precipitado" y "dudoso" que dedicó ayer Maragall al pacto con Mas.

"El Gobierno no está nada inquieto, tenemos un proyecto y estamos trabajando", dijo en primera instancia De la Vega, quien se escudó en su habitual rechazo a replicar declaraciones a fin de no contestar al líder del PSC.

Sí ha dicho que el proyecto de Estatut salido de los trabajos de la Comisión Constitucional, y a su vez, del acuerdo previo Zapatero-Mas, es "un buen proyecto para Cataluña y para España".

"Tenemos unos acuerdos básicos muy amplios entre los principales partidos, tenemos una fecha ya fija de votación (parlamentaria), compartimos el ánimo de los catalanes para que ese nuevo estatuto sea una realidad pronto después de bastante meses de reuniones, de esfuerzo, de un trabajo muy serio que está dando un resultado muy productivo", insistió.

A juicio de la 'número dos' del Ejecutivo socialista, eso es "absolutamente compatible" con que competencias como las que reclaman CiU y ERC sobre la gestión del aeropuerto del Prat "no estén incluídas en el Estatut" porque "en ningún sitio está dicho que todo tenga que estar concretado en el Estatut".

NO HABRÁ RETRASO DEL REFERÉNDUM A OCTUBRE

Preguntada si las palabras de Maragall pueden desanimar al voto de los catalanes en el referéndum de ratificación del texto, María Teresa Fernández de la Vega lo niega porque "es un buen Estatuto que mejora la vida de los catalanes y da más autogobierno, está en el ámbito de la Constitutción, va a permitir un mejor ejercicio de ciudadanía y va a hacer que las instituciones funcionen mejor".

La portavoz del Gobierno no cree que las discrepancias de última hora en torno a El Prat retrasen el calendario de aprobación parlamentaria del Estatuto y el consiguiente referéndum (se baraja la fecha del 18 de junio) hasta octubre.

"Hemos ido acordando (en los últimos meses) y yo espero y confío en que, finalmente, todo el mundo adopte un acuerdo y apoyen todas las fuerzas políticas el Estatut", concluyó al respecto.