Lo ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega que, sin entrar en la posible inconstitucionalidad de muchos de los preceptos contenidos en la propuesta (denominación de nación, un sistema fiscal similar al cupo vasco o competencias excluyentes).

La vicepresidenta no desmintió las voces que achacan al Ejecutivo un gran malestar y decepción por el resultado final de los debates en el Parlamento regional.

Se ha limitado a recordar, con suma frialdad, que el texto es fruto de un gran consenso (el 80% de la Cámara, todos los grupos excepto el PP) y que en unas semanas "comienza la segunda fase" de la tramitación parlamentaria, es decir, la toma en consideración por parte del Congreso.

Según el calendario que maneja el Gobierno, aseguran fuentes consultadas por Servimedia, el pleno de toma en consideración de la reforma será en la primera semana de noviembre "o en la de diciembre" y hasta febrero no empezarán los debates en la Comisión Mixta Congreso- Parlamento de Cataluña. La aprobación final en pleno se situaría así en torno al verano de 2006.

"El Gobierno desea que la tramitación (en Cortes) se produzca con respeto y con el máximo rigor constitucional", respondió esta tarde De la Vega a la primera pregunta de los periodistas en lo que parecía una cuidada primera reacción oficial del Ejecutivo, a la espera de que mañana, en rueda de prensa en León, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero desarrolle la estrategia de futuro.

Hay que "garantizar", insistió, "que el texto final es acorde con la Constitución Española de la A a la Z, con el interés general y con el de todos los ciudadanos.

Preguntada sobre si a partir de ahora queda en suspenso lo que dijo Rodríguez Zapatero en un mitin en el Palau Sant Jordi Durante la campaña electoral de 2004, en el sentido de que las Cortes aprobarían la reforma que viniera del Parlamento de Cataluña sin cambiar nada, la portavoz del Gobierno ha matizado que eso no significa ratificar cualquier cosa, incluido algo inconstitucional.

"El presidente siempre ha dicho lo mismo", recalcó, "consenso y Constitución. Es en ese escenario, y sólo en ese, en el que hay que enmarcar las palabras del presidente. Apoyo (a lo que apruebe el Parlament) sí, Constitución también".

"Porque el presidente se comprometió a respaldar una reforma salida del Parlament y la respaldará para ser aprobada en el Parlamento Español. Eso no significa que el texto no pueda modificarse si hay aspectos que tengan o puedan tener problemas de Constitucionalidad. Así ha sucedido siempre en el pasado. Quiero recordar que la mayoría de los estatutos -desde luego el de Cataluña- fueron siempre retocados en el Parlamento Español. Y, por otra parte, es lo habitual y lo normal".

Haciendo abstracción de las palabras dichas por Zapatero en el Palau Sant Jordi, María Teresa Fernández de la Vega recalcó que, con posterioridad, en el debate de investidura, Zapatero "dejó claro" que los límites eran consenso y Constitución.

ACEBES NO SABE "USOS DEMOCRATICOS"

Fuentes del Ejecutivo admiten que, después del impacto de saberse anoche la venida a Madrid de una reforma del Estatuto con diversos aspectos inconstitucionales, lo que va a hacer el Gobierno es intentar "enfriar" el debate y las tensiones creadas, justo lo contrario de lo que intenta el PP, dicen, con su propuesta de que el Parlamento tramite el texto como si fuera una reforma constitucional, que requeriría del apoyo del PP.

La portavoz del Gobierno ha respondido a las palabras del secretario general del PP, Angel Acebes, diciendo que a veces "da la sensación de que el señor Acebes tiene un cierto desconocimiento de lo que es el funcionamiento normal de las Instituciones democráticas y de los usos y costumbres democráticos".

Frente a las dosis de alarmismo sobre la unidad de España que, a juicio del Gobierno, el PP está intentando crear para caldear el ambiente político nacional en los próximos meses, Fernández de la Vega aseguró que estamos ante un proceso de reforma estatutaria con "absoluta normalidad democrática" y que es "el mismo" que hace unos días se inició con ocasión de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana.

"Y el mismo de muchos otros que vendrán con posterioridad", añadió. "Por tanto, existen cauces democráticos, constitucionales, legales, para abordar las propuestas que tenemos encima de la mesa", concluyó.