María Teresa Fernández de la Vega hizo balance del primer año de gestión del Gobierno socialista en materia social, junto a representantes de diversas ONG. Aseguró que la ley de autonomía personal será la "seña de identidad" de este año en política social.

Explicó que el proyecto estará listo "dentro de nada", porque el Libro Blanco ya está sobre la mesa y la previsión es que llegue al Congreso antes de otoño para ser ley vigente antes de que acabe el actual ejercicio.

En el acto intervino Mario García, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que habló en nombre de las 500.000 personas con una gran discapacidad que viven en España, de las que el 97% son atendidas por sus familiares. Todos ellos, dijo, esperan esta ley "con mucha ansiedad, porque nos jugamos mucho en ello".

García preguntó expresamente a la vicepresidenta si las prestaciones de esta ley se incluirán en la Seguridad Social, porque eso garantizaría plenos derechos y evitaría diferencias territoriales en su aplicación, una gran preocupación del colectivo.

Aunque no respondió expresamente a esta pregunta, la vicepresidenta garantizó la universalidad de los derechos que reconozca esa ley y "la igualdad de oportunidades en el acceso a las prestaciones de todas las personas, sea cual sea el territorio en el que habiten".

Con esta afirmación evitó desvelar el compromiso económico del Gobierno con esta ley. Se sabe por la vía por la que se transita, pero el puerto al que llegue dependerá del acuerdo final entre organizaciones y del resultado del debate interno en el Gobierno, argumentó gráficamente.

Recordó la tesis del vicepresidente económico, Pedro Solbes, de que "no se puede hacer todo a la vez, hay que elegir", pero se mostró convencida de que ésta será una de las elecciones del Gobierno, porque es una prioridad en su gestión.