Las administraciones que habían anunciado subidas eran el Gobierno navarro, el Ejecutivo vasco, el Consejo Insular de Mallorca y la Diputación de Ciudad Real, además de un número indeterminado de ayuntamientos.

El Ejecutivo navarro no subió el sueldo en enero, debido al retraso en la aprobción de sus presupuestos como consecuencia de la crisis política que ha atravesado la comunidad foral, según informaron a Servimedia fuentes oficiales.

Pero mantiene la decisión de elevar el sueldo a sus empleados un 2,6 por ciento, lo mismo que la inflación, a partir de la nómina de febrero y con efectos retroactivos desde principios de año. Los beneficiarios de la subida serán los 17.000 empleados de la administración foral o municipal de la región.

El Gobierno vasco tampoco comenzó a pagar lospluses que abonará con cargo a una partida de 5.900 millones de pesetas, ya que esa medida queda pospuesta hasta que se cierre la negociación de los convenios de la administración autonómica, hacia el mes de junio.

Algo parecido sucede con el Consejo Insular de Mallorca, el organismo que gobierna esta isla y que está controlado por el PSOE, Partido Socialista de Mallorca (una formación nacionalista) y Unió Mallorquina. Este organismo aprobó una subida del 2,6 por ciento para sus 806 funcionarios mediate una reclasificación profesional, pero ésta sólo ha empezado a ser estudiada y no será aplicable hasta mayo o junio.

El último y más peculiar caso es el de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que preside el secretario regional del Partido Popular de Castilla La Mancha, Jesús Garrido. Este organismo aprobó una reclasificación profesional que suponía un aumento retributivo del 14,8 por ciento entre 1996 y 1997, pero decidió aplicar todo el incremento con cargo al año pasado para evitar las compliaciones que se derivarían de romper la congelación salarial, según explicaron a Servimedia fuentes de ese organismo.

En donde el Gobierno lleva las de perder en su 'batalla' por la congelación salarial es en los ayuntamientos, tras la decisión de varias corporaciones municipales de Madrid, Barcelona y otras provincias de respetar los convenios firmados con los sindicatos, planteamiento que están encontrando el respaldo de sentencias judiciales.

A este respecto, el sindicato UGT informó el pasado9 de febrero que el Juzgado de lo Social número 4 de Asturias condenó al Estado por vulnerar el derecho de libertad sindical al requerir al Ayuntamiento de Langreo, el pasado 7 de enero, para que no subiera el sueldo a sus funcionarios, en contra de lo establecido en el convenio colectivo para el personal laboral de este municipio.