Así lo avanzó la responsable de las políticas educativas en una entrevista a TVE recogida por Servimedia pocos minutos antes de que su departamento informase a los responsables educativos territoriales del aplazamiento.

En un comunicado, Educación trasladó que el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, también han trasladado esta decisión al presidente ya la secretaria general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Según recordó Educación en un comunicado, el pasado mes de febrero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó el borrador de Real Decreto que regularía la prueba de acceso a la universidad; un modelo de implantación gradual que comenzaría a aplicarse en el curso 2023-2024 y que ahora se retrasará hasta la aprobación del Real Decreto por parte del nuevo Ejecutivo.

Esta decisión se debe a que la aprobación de la norma excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas. Además, según Educación, "atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias".

MÁS ALLÁ DEL PROCESO NORMATIVO

El ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, indicó a la prensa tras inaugurar un seminario sobre financiación universitaria en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena, en Santander, que ambos ministerios habían tomado esa decisión tras tener "en consideración" que estando en funciones "hay algunas medidas que van más allá del proceso normativo".

De haber seguido adelante con el decreto, confesó, "lógicamente" se iban a generar "reacciones desde las comunidades autónomas que sería difícil de responder, porque estamos en esta situación de provisionalidad". Subirats también remarcó que la decisión se ha tomado por la demanda "del propio sistema universitario" para prorrogar la Ebau.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertó ante la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio de que miles de estudiantes iban a comenzar en septiembre segundo de Bachillerato sin saber cómo sería la evaluación de acceso a la universidad (Ebau) que tendrían que realizar a final de curso y cuya reforma estaba pendiente para adaptarse a la nueva ley de educación (Lomloe).

El plazo inicialmente previsto era implantar un modelo transitorio de examen para acceso a la universidad en junio de 2024 y ya el formato definitivo se aplicaría en junio de 2028, en línea con la adaptación total de la nueva ley de educación (la Lomloe).