En el país vecino, un 75% de los perceptores de la Ayuda personalizada para la autonomía, destinada a cubrir una parte del coste de la asistencia a domicilio, reciben estos cuidados de miembros de su familia.

Un 36% de las personas que prestan esa ayuda han tenido que adaptar sus horarios laborales para poder compatibilizar esa labor con su empleo, y otros han tenido que renunciar a trabajar, perdiendo así derechos en su jubilación.

Por ello, el Ejecutivo galo ha decidido actuar para hacer frente a la pérdida de derechos de los que reducen su jornada o abandonan su empleo para ocuparse de familiares dependientes, y ponerse así al nivel de países como Gran Bretaña, Suecia, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Las medidas que contempla el Gobierno francés se enmarcan en el Plan quinquenal para mejorar la asistencia a los mayores de 85 años, lanzado recientemente en el país vecino, y entre ellas se incluye preservar todos los derechos a la jubilación de los cuidadores familiares y ofrecerles servicios de asistencia psicológica y programas de reciclaje y reinserción laboral.

En lo que se refiere al voluntariado de los mayores, actualmente un 33% de los franceses de entre 60 y 70 años de edad participan en esta labor, pero las autoridades francesas quieren incrementar dicho porcentaje.

Para ello se proponen crear ayudas para cubrir los costes del transporte y otros asociados a las labores de voluntariado social, y crear una cuenta de ahorro que permitirá a estos voluntarios acumular puntos por los servicios prestados y beneficiarse en el futuro de servicios asistenciales como la ayuda a domicilio.