Las autoridades francesas pagan habitualmente los desperfectos que sus ciudadanos provocan a los intereses spañoles, según un convenio recíproco que actúa de forma inmediata.

Aún así, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Agricultura han reiterado el pago de esas subvenciones a la Administración gala, al igual que las organizaciones agrarias COAG y ASAJA.

COAG consideró la decisión del Gobierno francés como "positiva", pero manifestó que no "puede convertirse en la coartada para dejar sin resolver el problema de fondo de los actos violentos contra las frutas y hortalizas españolas".

Asimismo, riticó al anterior ministro de Agricultura, Pedro Solbes, ahora de titular de Economía, por no apoyar a las agricultores en su campaña contra los productos franceses y por no presionar "lo suficiente" para la pronta solución del problema.

La organización agraria pedirá hoy en el Presidium -máximo órgano- del COPA (Comité de Organizaciones Agrarias de la CE) una intervención de este organizmo para acabar con la política de amenazas y ataques contra los productos hortofrutícolas españoles, que están periendo cuota de mercado en el país vecino.