Según indicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Declaración supone “un reconocimiento de la existencia de valores y retos comunes de las Administraciones Públicas en la Unión Europea con base en tres áreas esenciales: la construcción de una función pública atractiva, moderna e innovadora, que lidera a través de su ejemplo; la existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes que responden a las expectativas de la ciudadanía; y unos servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos”.

El documento suscrito a nivel comunitario desarrolla cada una de estas áreas. De esta manera, se ha acordado “el fomento del desarrollo del talento en el personal al servicio de las Administraciones Públicas Europeas para garantizar la continuidad y la excelencia de los servicios públicos, y el apoyo de nuevas formas de trabajo en las organizaciones, incluyendo el teletrabajo, para constituir unas administraciones más modernas”.

También “la promoción del desarrollo de habilidades y la diversificación de las carreras profesionales, para desarrollar el potencial de todas las personas trabajadoras en el ámbito administrativo; y el apoyo de la movilidad del personal público de las administraciones europeas con programas de intercambio o de formación conjunta”.

Por otro lado, los Estados miembros se comprometen “a promover el desarrollo de mecanismos para informar a las personas usuarias de los objetivos, medios y resultados de las políticas públicas, a facilitar la evaluación de las acciones nacionales y europeas y que los resultados de tales evaluaciones sirvan para impulsar e informar la mejora continua de sus prestaciones”.

Por último, la apuesta por unos servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos que recoge el documento se traduce en que la transformación digital se convierta en una oportunidad de mejora, en el fortalecimiento de la interoperabilidad entre administraciones, el desarrollo de la computación en la nube y el fomento del ‘software libre’.

Durante su intervención en este foro, la secretaria de Estado informó de que se está trabajando en el texto final de la normativa sobre el teletrabajo a partir de las 501 aportaciones realizadas al texto en la audiencia pública, de las que el 84% proviene de la ciudadanía, el 12% de asociaciones profesionales, y el 4% de organizaciones sindicales.