La norma partió de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Sanidad; se enmarca en la protección y vigilancia de la calidad del aire que lleva a cabo el departamento dirigido por Teresa Ribera, y se complementa con iniciativas lanzadas antes, como el Plan de Salud y Medioambiente o el Índice de Calidad del Aire.

Este nuevo acuerdo recoge un nuevo Plan Marco de Acción a corto plazo para episodios de alta contaminación, en el que se establecen nuevos umbrales y actuaciones homogéneas para todas las administraciones, en caso de superación de esos umbrales.

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la mala calidad del aire provoca aproximadamente 3.000 muertes por partículas PM2.5, 6.000 por dióxido de nitrógeno (NO2) y 1.800 por ozono (O3).

El real decreto pretende controlar mejor la contaminación atmosférica reduciendo la concentración de partículas y dióxido de nitrógeno, especialmente en las grandes ciudades, donde la calidad del aire está particularmente deteriorada.

El fin último es proteger la salud pública frente a una mala calidad del aire y evitar picos de contaminación para que no se alcance el umbral de alerta establecido en la legislación y, en consecuencia, reducir el número de ocasiones en que se superen los valores límite.

Del mismo modo, se proporcionará a los ciudadanos información sobre los niveles de alerta por contaminación y las actuaciones a poner en marcha en cada uno de los escenarios de polución.