Así lo establece el Real Decreto de modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El CTE constituye el marco que define las exigencias básicas de calidad de la edificación y, con esta modificación, se define una nueva sección del 'Documento Básico de Ahorro de Energía' donde se fija la dotación mínima de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con la que deben contar los edificios nuevos y las intervenciones en edificios existentes de determinada entidad.

Estas exigencias son diferentes en función de que los edificios se destinen a un uso residencial privado o a otros usos distintos de este.

Así, para los edificios de usos distintos al residencial privado, con más de 10 plazas de aparcamiento, la norma exige canalizaciones que sirvan como preinstalación de las infraestructuras de recarga para el 20% de las plazas de aparcamiento, así como la instalación de un punto de recarga cada 40 plazas.

Por otro lado, la exigencia de puntos de recarga se eleva a un punto de recarga cada 20 plazas para los edificios que pertenezcan a la Administración General del Estado.

Además de esta nueva exigencia relacionada con la movilidad eléctrica, el real decreto aprobado hoy da un paso más allá en la mejora de la eficiencia energética de los edificios en línea con las recientes iniciativas legislativas tanto nacionales como europeas encaminadas al fomento de las energías procedentes de fuentes renovables.

En concreto, el real decreto extiende la obligación de incorporar sistemas de generación de energía procedente de fuentes renovables a los edificios de uso residencial privado con más de 1.000 metros cuadrados construidos. También fija este umbral de 1.000 metros cuadrados construidos para establecer la misma exigencia en edificios de otros usos, umbral que antes de esta modificación reglamentaria se situaba en los 3.000 metros cuadrados construidos.

El real decreto aprobado recoge además otra serie de modificaciones menores del CTE y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.