El ejecutivo reconoce en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia, que el técnico de regulacion del Puesto de Mando de Lleida envió una carta al supervisor el pasado 30 de enero en la que le requería el uso del castellano para sus comunicaciones.

En esta respuesta el Gobierno señala que la normativa que regula las comunicaciones, "tanto verbales como escritas, entre personas que intervienen en los procesos de circulación está inspirada en el principio fundamental de garantizar la seguridad de la circulación".

Para ello, "es necesario que exista comprensión y entendimiento entre los intervinientes". La fijación de un "idioma común para las comunicaciones reglamentarias es un criterio sustentado en la necesidad de entendimiento de todas las personas que intervienen en la circulación para garantizar el objetivo de la seguridad de los trenes y maniobras, impidiendo errores de interpretación que puedan dar lugar a situaciones de peligro".

El Gobierno destaca que el sistema de transporte ferroviario es "común" a todo el Estado español, por lo que las comunicaciones tienen que ser comprendidas, "no sólo por el personal que las efectúa, sino por todo el colectivo implicado", como el personal de asesoramiento, inspección y vigilancia de las normas y disposicionesque rigen en la circulación de trenes.

Además, indica la respuesta, las disposiciones europeas establecen que el idioma utilizado en el libreto de normas del conductor debe "corresponder al oficial de uno de los Estados que forman parte de la red interoperable, y que para las comunicaciones entre el tren y tierra se deberá emplear el idioma que se utiliza en la infraestructura correspondiente, elegido por el administrador de la infraestructura".

Por tanto, "la razón por la que se ha remitido el mencionado escrito se circunscribe a un estricto cumplimiento de la normativa sobre seguridad en la circulación y al cumplimiento de sus obligaciones". Por lo que "no existen evidencias de que la finalidad de su actuación fuese otra que la de velar por la seguridad en la circulación".

El Gobierno entiende que "en ningún caso se está vulnerando el derecho lingüístico de los trabajadores de Cataluña al emplear el idioma catalán" sino que se está garantizando el derecho de los ciudadanos a recibir, "en adecuadas condiciones de seguridad, el servicio de transporte ferroviario".

Además, señala el Ejecutivo el uso del catalán está garantizado mediante la existencia de libros de reclamaciones, carteles de señalización, horarios, nombres de estación, información al viajero y megafonía bilingües.