Según confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales, se trata de que las aseguradoras realicen una "oferta" en la que incluyan hasta dónde podrían cubrir las necesidades derivadas de una situación de dependencia y cuál sería el coste por persona en caso de hacerse un seguro de este tipo.

A partir de esta información, el Gobierno estudiará si compensa otorgar a este tipo de seguros incentivos fiscales más o menos elevados, en función del dinero que puedan ahorrar a las arcas públicas en costes de atención a la dependencia.

Actualmente, las aseguradoras se muestran reacias a ofrecer esta cobertura, principalmente porque no existe entre la población la sensación de tener que cubrir esta necesidad que, supuestamente, caería bajo el ámbito de los servicios sociales de las distintas administraciones.

Sin embargo, en el desarrollo de una normativa global de cobertura de la dependencia, en la que ya trabajan el Ejecutivo y los sectores implicados, una de las opciones que se manejan es la puesta en marcha de estos seguros incentivados fiscalmente, de forma que fueran más atractivos para los ciudadanos y también para las aseguradoras.