Así se plasma en el documento del proyecto de adenda publicado hoy por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La adenda servirá para canalizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales, los 84.000 millones de euros en préstamos y los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo ‘REpowerEU’ para impulsar la industrialización y la autonomía estratégica.

Al incorporar la adenda, se mantiene el impacto en el PIB que ya calculó el Gobierno para el plan de recuperación hasta 2026, ejercicio a partir del cual se espera un impulso mayor.

En concreto, para 2026 se estima que se añada al crecimiento del PIB seis décimas más con la adenda, pasando de un impacto de 2,3 a 2,9 puntos; en 2027 de 2,4 a 3,1 puntos; en 2028 el PIB se verá impulsado otras seis décimas, de 2,6 a 3,2 puntos; en 2029 se pasarían de 2,8 a 3,5 puntos; en 2030 se sumarían seis décimas más, hasta 3,7 puntos, y en 2031 se espera que el PIB sume otras seis décimas con la adenda, hasta verse impulsado en cuatro puntos porcentuales. El promedio anual de impacto en el PIB pasa de 2,6 a 3 puntos con la adenda.

Respecto a los detalles de los préstamos, se prevé recibirlos hasta 2026 y tendrán un vencimiento de 30 años, con una carencia de 10 años. Los pagos de intereses serán “variables y dependerán del coste medio de financiación de la Comisión Europea”, según el texto. El desembolso de los préstamos se realizará por tramos en función del cumplimiento de los nuevos hitos y objetivos incorporados en la adenda. Así, los nuevos fondos deberán devolverse “de forma paulatina” a la Unión Europea.

La adenda prioriza las inversiones ligadas a instrumentos financieros reembolsables y se limita el impacto sobre la deuda pública neta. Estos instrumentos financieros podrán ser combinados con distintas modalidades de financiación, y se articularán bien a través de los proyectos estratégicos o pertes, o a través de otras iniciativas en las que podrán participar la Administración General del Estado y sus organismos dependientes, así como las comunidades y los ayuntamientos.

Con carácter general, los instrumentos financieros pueden ser préstamos y líneas de crédito, garantías (avales públicos para la movilización de inversión), toma de participaciones en el capital social de empresas e instrumentos de capital riesgo.

Los préstamos se articularán a través de 12 fondos, de los cuales ocho son de nueva creación. El de mayor dotación es el de las comunidades autónomas, con 12.000 millones de euros, seguido de un fondo gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reforzar la línea de financiación a pymes y para inversiones sostenibles.

Del total de los 94.000 millones, 26.200 millones se destinarán a reforzar los pertes existentes, siendo el más beneficiado el de chips, que recibirá 12.000 millones adicionales. Se creará uno nuevo que se aprobará en Consejo de Ministros la próxima semana, el de la descarbonización de la industria, que contará con 2.700 millones solo de la adenda.

Junto con las inversiones adicionales se incluye un programa de reformas complementarias de las ya desplegadas desde 2020. Se trata de 30 medidas destinadas en particular a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial.

Entre otras, se incluye la creación de la figura del Suministro Mínimo Vital, la reforma del Bono Social Eléctrico, la revisión del sistema de determinación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), reformas para facilitar la integración laboral de extranjeros en España así como la atracción de talento internacional, un Catálogo de Buenas Prácticas Regulatorias y de Clima de Negocios, la normativa reguladora del Estatuto de la Administración Concursal, o el despliegue del Libro Verde para el Desarrollo de las Finanzas sostenibles, que “pretende promover a España como referente en emisiones de estos instrumentos”.