La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentó este lunes desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros destacar que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene una “orientación clara” basada en la “protección de las mujeres y especialmente de las víctimas”.

“Es una ley integral”, dijo, que aborda cuestiones desde la educación, la formación y la atención muy personalizada a la víctima para que cuente con “todos los recursos”. No obstante, ante diversas preguntas sobre las consecuencias penales y cuando ya son más voces críticas -la última la de la ministra de Defensa, Margarita Robles- pidiendo que se hagan modificaciones si hay lagunas sobre el objetivo de la ley y la realidad, la portavoz defendió la misma posición desde que se conocieron los primeros casos.

“Es en estos momentos cuando estamos viendo que está sucediendo y si es posible una unificación de doctrina para ver las consecuencias de la misma”, defendió Rodríguez, antes de ahondar en el cariz proteccionista de la norma para con las mujeres y, “especialmente”, con las víctimas.

Fuentes de La Moncloa insisten en que van a esperar hasta conocer la “doctrina” que imponga el Supremo, que ya ha dicho que estudiará “caso por caso” y hay varios recursos que pueden ayudar a que tome una decisión al respecto, sobre la que versará la actuación que finalmente adopte el Ejecutivo sobre esta norma y sus consecuencias penales.

En el Ejecutivo restan importancia al impacto negativo a su reputación que pueda derivar de la aplicación de esta ley y las rebajas de penas, y sacan pecho de los últimos datos de las encuestas publicadas en las que el presidente Pedro Sánchez recupera posiciones ante el líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.