Según aseguraron fuentes gubernamentales, la supresión de este artículo, incluido en el último real decreto de medidas anticrisis, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deroga el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que cuando un juez presente una cuestión prejudicial a los tribunales europeos se paraliza el proceso en marcha.

Una cuestión que perjudicaba claramente a Junts por la figura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre otros políticos que se encuentran fuera de España, porque “ponía en riesgo la aplicación de la amnistía” una vez aprobada, según indican desde la formación.

Fuentes gubernamentales confirmaron este jueves que “la reforma se pactó con Junts” el pasado mes de enero y de cara a que el Ejecutivo pudiera sacar adelante los tres primeros decretos ley de la legislatura. Algo que en el PSOE no tenían claro porque los votos de los independentistas eran necesarios y, primeramente, Junts dijo que votaría en contra para abstenerse.

RESTAN IMPORTANCIA

Desde el Ejecutivo central aseguran que la eliminación del artículo “no tiene ninguna contrapartida”. “Esto no influye en nada”, insisten, al tiempo que consideran que la "práctica jurídica" no va a cambiar cuando se haga una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Existe una "costumbre jurídica que se mantendrá" con independencia de los últimos cambios, determinan estas fuentes en alusión a que, antes incluso de que existiera el artículo, una cuestión prejudicial implica la suspensión del proceso, como marca la jurisprudencia del propio TJUE y del Tribunal Supremo.