La decisión política se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, aunque hasta hoy no han trascendido las cantidades que se otorgarán a cada sindicato.

En cuanto a UGT, el sindicato presentó un total de 3.232 solicitudes de devolución de patrimonio. Todas han sido ya analizadas por el Gobierno, que ha desestimado la gran mayoría de ellas, al no considerarse suficientemente acreditada la propiedad del bien, según los requisitos establecidos por el decreto ley aprobado el pasado año por el Gobierno y convalidado por el Congreso.

Han sido estimadas un total de 856 reclamaciones, lo que llevará al abono al sindicato que lidera Cándido Méndez de 149.419.073,62 euros, además de la titularidad de 26 inmuebles, buena parte de los cuales ya ocupaba el sindicato en la actualidad.

UGT mantiene en la actualidad una deuda de unos 151 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el agujero generado por la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV, cuya devolución el sindicato avaló con el patrimonio incautado por el franquismo.

La comisión que ha tomado la determinación de devolver esta cantidad a los sindicatos tiene 10 días de plazo para notificarla a las partes interesadas, entre ellas la UGT y la CNT, pero también CCOO, que se personó en los expedientes.

En el caso de la CNT, presentó 4.525 solicitudes, pero no todas ellas han podido ser analizadas hasta la fecha. De las que sí han sido estudiadas, el Gobierno ha aceptado 171, por las que se resarcirá con 2.458.925,82 euros a este sindicato.

Las que todavía no se han analizado son las 1.370 peticiones realizadas antes del 31 de enero -cuando acabó el plazo de presentación- por ELA-STV y varios sindicatos agrarios.