Las comunidades, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, serán las que ejecuten esas actividades. Esas actividades seguirán los criterios acordados en la Subcomisión de Administraciones Públicas de la Comisión de Seguridad Minera, del 14 de febrero de 2008.

Estos criterios toman en cuenta de forma ponderada la población minera activa, la exposición a la siniestralidad, el número de explotaciones y la superficie de actuación.

Así, el objetivo fundamental de este plan es establecer unas bases de actuación que permitan la disminución "progresiva y permanente" de los índices de accidentalidad en la minería.