Con estas partidas los dos gobiernos autonómicos realizarán proyectos sociales para ofrecer servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, centro de noche y plazas residenciales) y prestaciones a las personas dependientes.

De esta forma, estas comunidades reciben financiación estatal específica para la aplicación de la Ley de Dependencia, que entra en vigor el 1 de enero. Se trata de la primera vez que el Gobierno central subvenciona directamente programas sociales de este tipo en la Comunidad Vasca y Navarra.

La Ley de Dependencia crea un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas (mayores y con discapacidad) a recibir atención por parte del Estado.

En España residen más de 1.125.000 personas dependientes, aunque esta cifra aumentará considerablemente en los próximos años, según las previsiones demográficas. Con el Sistema de Dependencia, el Estado garantiza a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se puedan valer por sí mismas el acceso a servicios sociales y prestaciones económicas.