Así lo trasladó el Ministerio de Hacienda después de que este lunes se reuniera la Mesa General de Función Pública, donde se aprobó por mayoría absoluta una propuesta del Gobierno en virtud de la cual los salarios públicos subirán otro 1,5% que compense la inflación.

Este alza se suma al incremento del 2% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Esta subida adicional se consolida y, por lo tanto, el aumento de 2023 se aplicará sobre una base mayor.

Precisamente, los PGE para 2023 incluirán una subida de las retribuciones públicas del 2,5%. Además, esta subida se podrá incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.

En concreto, si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, los salarios públicos subirán un 0,5% de manera adicional.

La segunda variable contempla una subida de 0,5 puntos adicionales si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.

El principio de acuerdo contempla también un incremento del sueldo para 2024 del 2%, que podría subir hasta el 2,5% en función de la variación del IPC armonizado.

Por lo tanto, el incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 es de un porcentaje fijo del 8%, que se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo, en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. No obstante, aunque esta suma daría un 9,5% de ganancia retributiva, Hacienda subraya que en términos reales, la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida y, por tanto, el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior.

PACTO DE RENTAS

Por otro lado, Hacienda destacó que el Gobierno ha señalado desde hace meses que “la situación económica generada tras la invasión de Ucrania conlleva la necesidad de llegar a acuerdos que persigan, desde la justicia social, paliar los efectos ocasionados por la inflación”. Así, defendió que el acuerdo alcanzado en el sector público se enmarca en ese contexto y “puede contribuir a lograr un pacto de rentas en el diálogo social”.

Además, celebra que con el pacto alcanzado empleados públicos recuperan los derechos laborales “que fueron recortados en 2012 y se potencian los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI”. En este sentido, indicó que se incluye un marco consensuado de líneas de actuación y medidas legislativas a impulsar por el Gobierno de España.

CCOO y UGT pusieron en valor el acuerdo, mientras CSIF lo rechazó y advirtió de que estudiará poner en marcha movilizaciones.

Ante los niveles actuales de inflación, CSIF tildó de “precaria” la subida pactada con CCOO y UGT y denunció que supone un “desprecio a la labor” de los empleados públicos. “El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia”, apuntaló este sindicato.