Durante su intervención en el Fórum Europa, Moraleda defendió la creación de un órgano regulador de los medios de comunicación que aglutine las competencias que ahora ejerce el Ejecutivo en esa materia, y que en ningún caso se convierta en un medio para censurar la libertad de expresión.

Moraleda insistió en que el Gobierno quiere impulsar la pluralidad lingüística en los medios como una manera de adaptar el funcionamiento de los operadores de comunicación a "la España real". De hecho, añadió, en los contactos que el Ejecutivo ha mantenido con distintos empresarios de los medios, se han manifestado más dispuestos a abordar estos cambios "de lo que se está publicando".

La intención de limitar la publicidad en la televisión pública se mantiene, aunque no se comenzará a aplicar hasta después de la puesta en marcha del plan de reestructuración, ya que RTVE está sujeta a un contrato-programa que se vería imposibilitado de cumplir si se redujera de manera significativa la publicidad.

El objetivo final es eliminar la publicidad en las emisiones que se realicen en horario infantil y suprimir también los anuncios durante la emisión de películas.

Moraleda aseguró, además, que el Ejecutivo mantiene su intención de crear un Consejo Audiovisual, cuya misión será la de regular aquellas competencias que ahora ejerce el Gobierno central, por lo que dejó entrever que el control sobre los contenidos no será una de sus tareas, al contrario de lo que ocurre con ese organismo en Cataluña.

La filosofía de este organismo será la de propiciar una autorregulación de los medios, pero "sin ser excesivamente reglamentista". El éxito de la tarea dependerá de la relación de "cercanía" que mantenga el Consejo con los medios a los que controla, y ese "es un trabajo que se debe hacer antes de su entrada en funcionamiento".

CONSEJO AUDIOVISUAL

En todo caso, el Consejo Audiovisual no sería una instancia que pueda limitar la libertad de expresión, según dijo Moraleda. Preguntado sobre la denuncia a los tribunales europeos contra el Consejo Audioviual de Cataluña, dijo que el recurso a los jueces es un derecho que asiste a todos los ciudadanos y que hay que respetar.

Entre los objetivos que se plantea el Gobierno para asegurar la calidad de las emisiones están los de "impedir la extensión de la llamada telebasura" y eliminar "los contenidos inapropiados en horario infantil".

Moraleda entiende que la existencia de un organismo regulador "independiente del Gobierno es unánimemente vista con buenos ojos" y anunció que será "de todos y para el bien de todos, no para socavar la libertad de expresión, sino para lo contrario: para enaltecerla y garantizarla".

Explicó que el Gobierno tiene intención de abordar las reformas necesarias para que RTVE pueda "competir con fuerza, manteniendo intacta su vocación de servicio público".

Moraleda recordó que Bruselas no permitirá ayudas estatales al ente público, por lo que se hace imprescindible la puesta en marcha de un Plan de Saneamiento y Futuro que contempla la elección del Consejo de Administración elegido por las Cortes, que deberá dar cuenta de su gestión financiera y "no podrá endeudarse indefinidamente a cuenta del Estado".

El Gobierno pretende negociar y discutir el contenido de este plan, incluido el Expediente de Regulación de Empleo, con los sindicatos y se compromete a aplicarlo "con diálogo, con respeto y buscando acuerdos".

Todo para lograr una radio y una televisión que sean un "auténtido servicio público, independientes del Gobierno y financieramente responsables".