"El Gobierno ha entrado en el paroxismo con la cosa ésta del seo y los menores y están aplicando, en definitiva, criterios de mercado, sino hubiera demanda no habría oferta. Pero, eso no es trasladable al Derecho Penal. Todo lo que suponga ir más allá de los atentados a la libertad sexual es introducir la moralina", explicó García Arán.

Al reintroducir el tipo de corrupción de menores es para poder castigar abusos sexuales, explicó la catedrática de la Universidad de Barcelona. "Quiere decir que auténticos abusos sexuales, en vez de castigarlos como abusos sexuals que es más grave, los van a castigar como corrupción de menores", indicó.

Lo "perverso" es que con la corrupción de menores no hace falta probar el consentimiento del menor, con lo que se puede penalizar incluso las relaciones sexuales consentidas. "Esto es la penalización de la relación sexual y de la sexualidad", puntualizó Mercedes García Arán.

A su juicio, castigar a los asistentes a espectáculos sexuales si en ellos hay menores, que pueden tener 17 años, y que el usuario no tiene porque saerlo, es "cómo culpabilizar del tráfico de drogas al señor que fuma porros".

La reforma del Código Penal planteada por el Gobierno es "desmesurada" y no va al núcleo del problema. "Primero lo que se tiene que proteger aquí es la libertad sexual, no la moral sexual ni conceptos éticos. Se han de castigar sólo los atentados a la libertad sexual y por lo tanto a los que cometen los hechos", precisó.

La catedrática de Derecho Penal se refirió también a la introducción en la reforma del castigo al tursmo sexual. A su juicio, extender la "extraterritorialidad", que está tipificada para delitos tan graves como la trata de blancas, al "tío que se va a Thailandia para echar un polvo" es desmesurar la cuestión.

Asimismo, explicó que para los delitos relativos a la prostitución ya existe la extraterritorialidad pero lo que introduce la ley es aplicar ésto al consumidor, lo que "vuelve a ser un disparate", subrayó.