El Gobierno justificó su decisión argumentando que el Tercer Sector, con el apoyo financiero de las distintas administraciones se ha consolidado en España como un actor “solvente” que “contribuye de manera muy importante y de forma complementaria a los servicios sociales de titularidad pública, a la provisión del bienestar de la ciudadanía y, especialmente, de aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad”.

Del mismo modo, puso de manifiesto que las entidades que conforman el Tercer Sector se erigen como un “instrumento fundamental de participación social de la ciudadanía de manera que contribuyen a incrementar la calidad democrática de la sociedad española”.

A su vez, subrayó que la colaboración de las administraciones con el Tercer Sector “se ha convertido en un pilar fundamental a la hora de atenuar el impacto que las sucesivas crisis tienen sobre la población general y, especialmente, sobre los sectores más desfavorecidos”.

Por todo ello, el Gobierno consideró oportuno “impulsar actuaciones que contribuyan a visibilizar ante el conjunto de la sociedad la labor que las entidades del Tercer Sector de Acción Social realizan a favor de diversos grupos de población, abordando las necesidades específicas de diversos colectivos y contribuyen así a la cohesión social”.